La formalización minera al garete

En los últimos días se conoció que 30,000 pequeños productores de mineral se inscribieron en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que depende del Ministerio de Energía y Minas. A ellos se suman los 50,000 que estaban inscritos. Aparentemente se trataría de una buena noticia, por la voluntad de miles de formalizarse. Sin embargo, si vemos que solo 1,500 productores se han formalizado en el Registro Minero, las cosas se complican en extremo.

El asunto se vuelve un verdadero drama nacional si tomamos en cuenta que por lo menos la tercera parte de la producción de oro nacional es informal, en momentos en que la onza sigue rondando los US$ 2,000. Y si consideramos que las exportaciones de oro llegan a representar US$ 7,000 millones estamos hablando de que la formalización minera es un gigantesco problema nacional, sobre todo recordando que la pérdida de más de siete millones de empleos en las ciudades ya está generando un proceso de migración inversa al interior. En las provincias los peruanos que retornan suelen dedicarse a la minería informal como salida inmediata.

En este contexto, ¿qué significa que se sumen 30,000 nuevos inscritos al registro minero, cuando solo se han formalizado 1,500 productores? Una primera impresión es que la formalización minera sigue fracasando y el Estado no tiene capacidad de reaccionar ni de plantear caminos alternativos. En estas cifras e informaciones se constata una confusión general en la formalización de la pequeña minería: ¿se van a formalizar las operaciones mineras o los trabajadores? Diversas informaciones provenientes de la Dirección General de Formalización Minera del Minem, indican que en el Perú habría alrededor de 5,000 operaciones mineras. Es decir, inversiones mínimas en capital para garantizar un Instrumento de Gestión Ambiental y todos los demás compromisos que demanda la formalidad: desde pagar impuestos hasta elaborar documentos ambientales, contratos de explotación y laborales.

De otro lado, se suele hablar de más de 400,000 mineros informales en la actividad. Sin embargo, los fracasos en la formalización comienzan a aclarar las cosas: se trata de trabajadores de las operaciones mineras, de “socios de campaña”, de “chamberos” o de pallaqueros, de acuerdo a las regiones en donde se ejerce la minería informal. Es evidente e incuestionable, pues, que el Estado debe definir este tema crucial. La racionalidad indica que se deben formalizar las operaciones mineras y no los trabajadores.

De otro lado el Estado, en su afán de recaudar impuestos al margen de una política de formalización, ha terminado arrinconando a las plantas de beneficio, que compran la producción de los mineros artesanales. Como todos sabemos, las plantas se habían convertido en puentes entre la formalidad e informalidad ,y deberían ser aliadas del Estado en el desarrollo de una política integral de formalización. El Estado, en vez de aliarse con estas plantas de beneficio, busca ahogarlas y liquidarlas por las relaciones que se establecen con los sectores de la minería informal.

Por ejemplo, hasta el 2014 las plantas aplicaban la llamada “liquidación de compra”, que les permitía descontar 4% por impuesto a la renta y 18% por IGV a los mineros informales que les vendían su producción. Al prohibirse la liquidación de compra solo se promueve la explosión de la informalidad, que afecta la recaudación fiscal, el medio ambiente y el progreso de los propios pequeños mineros.

Es hora de hacer un balance de por qué fracasa la formalización minera, para desarrollar una nueva hoja de ruta.