El Perú, en términos institucionales y económicos...
Cajamarca está entre las cinco regiones más pobres del Perú, con niveles de pobreza monetaria cerca del 40% de la población, mientras que más del 50% de la población carece de servicios de agua, desagüe y electrificación. Sin embargo, tiene la mayor cartera de inversiones mineras –sobre todo en cobre–, con sumas de más de US$ 17,000 millones.
Si esta cartera de inversiones se concretará, la pobreza se reduciría a 17%; es decir, se lograría erradicar este flagelo en un 33% de la población, según el estudio “Impacto económico y social de la minería en Cajamarca”, presentado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD). ¿Cómo es posible entonces que Cajamarca se ubique entre las cinco regiones más pobres del país con distritos en donde virtualmente, en este momento, hay decenas de niños que pierden el futuro por la desnutrición?
Tal como sucede hoy en Apurímac, en donde el radicalismo antiminero y las propuestas colectivistas han focalizado sus estrategias en contra de las inversiones, durante el pasado gobierno nacionalista, esas mismas estrategias anti inversión se concentraron en Cajamarca, la región del país con mayor potencial minero. Como todos sabemos, se paralizó el proyecto Conga sin ninguna justificación legal, ambiental o administrativa. Todo se convirtió en una suma de relatos y leyendas, como si un enemigo externo se confabulara en contra del futuro de Cajamarca y del Perú.
En base a esta estrategia se paralizó el proyecto Conga, con una inversión proyectada de US$ 4,800 millones. Enseguida otros proyectos emblemáticos como El Galeno, con una inversión de US$ 3,500 millones y La Granja, con US$ 5,000 millones se suspendieron como en un efecto dominó. De alguna manera se dejaron de producir alrededor de un millón de toneladas métricas de cobre (TMC) y se afectó el futuro de los pobres de Cajamarca y del Perú. Y algún especulador con los precios del cobre en el mundo ganó con la desgracia de los peruanos.
Si las inversiones del cinturón del cobre se hubiesen materializado, el Perú hoy no estaría produciendo 2.5 millones de TMC, sino alrededor de 3.5 millones. El país se consolidaría como el segundo productor mundial de cobre y crecería en promedio por encima del 6% anual, al margen de cualquier coyuntura económica, y podría plantearse reducir entre tres y cuatro puntos de pobreza por año. Es decir, en muy pocos años la pobreza actual, que bordea el 26% de la población, podría estar por debajo del 10% de la población.
¿Cómo es posible que el Perú, los peruanos y los cajamarquinos renuncien a luchar en contra de la pobreza? Es una pregunta que se formularía cualquier observador extranjero. Y si a este triste escenario construido en los últimos lustros le agregamos los anuncios del actual Gobierno acerca de convocar una asamblea constituyente y nacionalizar los recursos naturales, el panorama desolador se convierte en una pesadilla. A este paso, por ejemplo, el gran proyecto Yanacocha Sulfuros, con una inversión de US$ 2,100 millones, puede terminar postergándose para las calendas griegas.
¿Por qué es importante subrayar las oportunidades que pierde Cajamarca cuando se acepta el bloqueo de las inversiones por el radicalismo anti inversión? Porque no solo se trata de denunciar la postergación de los cajamarquinos, la imposibilidad de los pobres de esa región de superar esa lacra social, sino que se trata de alertar al Perú acerca de que la misma estrategia se implementa en Apurímac a través de los ataques a Las Bambas.
Apurímac, igualmente, es otra de las regiones con mayor potencial minero (con una cartera de proyectos de más de US$ 10,000 millones) donde se pretende bloquear todas las inversiones a través de los ataques sistemáticos a Las Bambas. Pasa lo mismo en contra de otros proyectos como Los Chancas y Azuca, en la señalada región.
Todo forma parte de la estrategia colectivista que busca frenar el crecimiento, la reducción de la pobreza en el Perú, para que los pobres y desesperados apoyen las ficciones de las expropiaciones y estatizaciones.
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