¡Gobierno se distancia de formalización minera!

Ante negativa de Ejecutivo, Congreso promulga norma

El Ejecutivo se negó a promulgar la norma aprobada en el Congreso que derogaba la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo 1336 que establecía que “el titular de la concesión de beneficio, así como aquel que cuente con autorización de inicio de actividad de beneficio, no puede ser acreditado como pequeño productor minero o productor minero artesanal, según corresponda, en tanto adquiera minerales de terceras personas para su procesamiento”. Ante la negativa del gobierno, el Legislativo, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, procedió a promulgar la mencionada derogatoria.

¿Se trata de una simple derogatoria? De ninguna manera. Mantener la mencionada disposición transitoria habría significado excluir a la minería artesanal de cualquier posibilidad de formalización. En la práctica se exigía que el pequeño minero explotará el mineral y construyera su propia planta para procesar el material. Una verdadera locura, porque solo las grandes inversiones mineras pueden explotar los minerales y tener sus propias plantas.

En el Perú, los más de 400,000 mineros artesanales explotan el mineral y venden su producción a las más de cien pequeñas plantas de beneficios formales e informales. No hay otra manera. El gobierno, en la práctica, mediante una subrepticia disposición transitoria que no estaba en la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1336, pretendía excluir a los mineros artesanales de cualquier posibilidad de formalización.

En su afán de eliminar estas pequeñas plantas de beneficio —sabe Dios con qué intenciones— se terminaba eliminando de un plumazo toda posibilidad de minería artesanal formalizada. Para entender la magnitud de las cosas vale señalar que las más de cien pequeñas plantas de beneficio procesan cerca de 2,500 toneladas de mineral por día (TMD) para extraer oro, mientras que una gran inversión minera logra industrializar 540,000 toneladas métricas en un solo día.

A estas alturas es innegable que la administración pepekausa ha sido ganada por la lógica del gobierno nacionalista pasado, que buscaba excluir de la legalidad a las pequeñas plantas y a la minería artesanal. Por ejemplo, antes la gran masa de mineros informales estaba con un pie puesto en la formalización, porque las mencionadas plantas —mediante la liquidación de compra— adquirían la producción artesanal y descontaban el respectivo impuesto a la renta y el IGV. Era una norma tributaria muy efectiva y práctica que permitía el un registro y control de cada minero artesanal, establecía niveles de formalidad y, sobre todo, posibilitaba que el Estado recaudará impuestos.

Una visión policial y cortoplacista en la relación con la minería artesanal —impulsada desde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)— llevó a prohibir el mecanismo de liquidación de compra. Ahora se le exige al minero artesanal que él mismo declare sus impuestos. Sin embargo, para desarrollar este proceso se requiere contar con el respectivo RUC, los libros contables y la asesoría de un contador, situación que ha generado gran cantidad de embargos, cobranzas coactivas y el abandono del sistema. En otras palabras se le exige que sea “formal” para que abandone el sistema.

Asimismo en el gobierno pepekausa —siguiendo el mal ejemplo del nacionalismo— se ha comenzado a complicar y sobrerregular todo el proceso de formalización minera. En un reciente reglamento aprobado para la formalización, por ejemplo, se establece que para participar en el proceso de formalización se necesita demostrar que el productor artesanal está en la actividad por lo menos cinco años. Para conseguir esa acreditación se debe presentar facturas y boletas no solo de la producción y ventas, sino también de la compra de equipos, materiales y maquinarias. Es decir, el minero informal necesita demostrar que es un minero formal. Un verdadero sinsentido que busca la exclusión de los productores artesanales de la legalidad económica.

En este portal no nos cansaremos de insistir, una y otra vez: pretender excluir a los minero artesanales de la economía de mercado es empujar a una poderosa fuerza social promercado y proempresa bajo la influencia de las alternativas antisistema, que buscan que el minero artesanal se convierta en una fuerza antimercado.