¿Estatismo en el sistema previsional?

La Comisión de Protección Social (CPS), conformada por el Ejecutivo con la colaboración de expertos y académicos, acaba de emitir su informe con respecto a los lineamientos para la reforma del sistema de pensiones en el Perú. La propuesta de la CPS recoge el sentido común universal acerca de que el sistema estatal de reparto –fondo común al que aportan los trabajadores activos para financiar las pensiones- no va más, y que cualquier propuesta de reforma tiene que basarse en el sistema de cuentas individuales de capitalización. Al mismo tiempo se propone un sistema único previsional que deberá fusionar la Oficina de Normalización Previsional (ONP), las AFP y Pensión 65.

Sin embargo la señalada iniciativa viene con una propuesta que desata más de una interrogante: la organización de una entidad –ya sea privada, estatal o mixta- que se encargue de centralizar los aportes, la cobranza y las actividades administrativas del sistema previsional. El objetivo principal en la creación de esta entidad, según la CPS, es la reducción de los costos de la gestión administrativa, hecho que se expresaría en la disminución de las comisiones que cobran las AFP por administrar las cuentas individuales. Bajo este modelo, las AFP se encargarían de seguir invirtiendo los fondos en el mercado, en busca de a mayor rentabilidad.

Al respecto, Carlos Puga, gerente general de la ONP, en una reciente entrevista, refiriéndose a la naturaleza de la posible institución que centralice la gestión administrativa previsional, señaló que “la Sunat, a diferencia de otros tipos de institución, ‘tiene los dientes’. El poder coactivo que posee, para que se lo den a una organización privada como las AFP, tiene que pasar por el Poder Judicial. Y eso puede tardar de dos a cuatro años”.

Es decir, existen sectores en el Ejecutivo que consideran que una reforma del sistema previsional es compatible con el Estado como principal recaudador y administrador de los aportes previsionales. Y la tentación de que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), cuya función es incrementar los recursos fiscales y no la rentabilidad de las pensiones, podría estar en agenda. América Latina y el Perú ya conocen mucho de las experiencias estatales en la administración de los fondos previsionales. El resultado siempre fue el mismo: silenciosas o públicas expropiaciones de los fondos para ser destinados al financiamiento del gasto social o la obra pública.

¿A quién se le ocurre resucitar una idea que no solo desatará el pánico en los dueños de las cuentas individuales de las AFP, sino que emitirá señales muy negativas con respecto a la salud del modelo económico? Por favor, cuanto más lejos el Estado de los fondos previsionales, mejores garantías para los jubilados.

Si la intención es reducir los costos de las comisiones que cobran las AFP, entonces, el único camino saludable pasa por fomentar la competencia entre las entidades encargadas de administrar e invertir en los mercados los fondos de las cuentas individuales. Y la única manera de crear más competencia pasa por abrir la cancha para que existan cada vez más entidades encargadas de administrar las cuentas individuales bajo los estándares más rigurosos. En realidad no hay otro camino.

Pensar que el Estado puede reducir costos a favor de los aportantes al sistema privado de pensiones, de una u otra manera, es volver a caer en las trampas que el estatismo desarrolla frente las insuficiencias del mercado. Esa trampa que consiste en creer que el Estado es la solución, no obstante sus casi perpetuos fracasos.

En todo caso el informe de la Comisión de Protección Social inicia un interesante y urgente debate sobre cómo reformar nuestro fracasado sistema previsional, que solo garantiza las pensiones del 14% de la población económicamente activa. Un verdadero crimen social en un país en el que empieza a dispararse la longevidad, al mismo tiempo que disminuye la natalidad. Es decir, una sociedad que cada vez tendrá más jubilados y menos trabajadores activos en la economía.