Entre la reforma del modelo y la involución económica

Al menos por ahora el Perú ha superado la amenaza de la asamblea constituyente, las expropiaciones y las nacionalizaciones. Sin embargo, la actual recesión de la economía y la tendencia acumulada de bajo crecimiento de los últimos años –que inevitablemente aumenta la pobreza– ha creado un momento límite que plantea una disyuntiva: o desarrollamos una ola de reformas o empezamos la involución económica hacia el pasado estatista y velasquista.

El gran campanazo que notifica de esta situación es el proyecto de ley 5892, del congresista José Jerí de Somos Perú, una “Nueva Ley de Industrias” que propone que el Estado elija siete sectores industriales para comenzar la “industrialización” del país. Como es natural la elección de estas industrias implica exoneraciones tributarias en renta e IGV, exoneraciones en impuesto predial, y la resurrección de la banca de fomento, en la que el Estado se convierte el garante de los créditos, y los fracasos de los emprendimientos privados los asume el fisco nacional con el dinero de todos los contribuyentes.

El intento de resucitar el viejo modelo estatista, el proyecto de sustitución de importaciones que ha fracasado en el Perú con el velascato, que se ha derrumbado en toda América Latina y naufraga hoy en día en Argentina, a nuestro entender, tiene que ver con la desesperación de algunos sectores empresariales y cúpulas sindicales frente a la recesión en curso. Hoy es evidente que hay importantes sectores de la industria y del empleo en peligro por la recesión y el bajo crecimiento; pero eso de ninguna manera debería implicar el regreso de los privilegios mercantilistas que empobrecieron a más del 60% del país en los ochenta.

Es hora de enfrentar los peligros que la recesión genera en las industrias y el empleo. El Ejecutivo y el Congreso, sobre la marcha, deberían conformar una comisión de alto nivel para que proponga una reforma tributaria y laboral. Necesitamos un sistema tributario más simplificado, en el que exista un régimen promocional para las pequeñas empresas y otro general para los demás sectores, tal como existe en todas las sociedades desarrolladas. Igualmente, las industrias necesitan un sistema de flexibilidad laboral en los contratos que posibilite contratar y despedir trabajadores de acuerdo a la productividad de las empresas, sin afectar los derechos sociales reconocidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

Asimismo, el Ejecutivo y el Congreso necesitan sumar fuerzas para acabar con el Estado burocrático que ha surgido en las últimas décadas y que ha convertido al Estado en el principal enemigo de las industrias, la inversión privada y las iniciativas de la sociedad. A nuestro entender, todos los procedimientos ante el Estado deben reducirse a no más de cinco trámites por sector, y debe instalarse la obligatoriedad de ventanillas únicas en todas las áreas. El objetivo es acabar con las duplicidades innecesarias que han empoderado a los burócratas, como si el Perú fuese un sistema socialista o colectivista del llamado Socialismo del Siglo XXI.

Sobre estas medidas inmediatas y de emergencia, se debe empezar a delinear la reforma del sistema educativo y del sistema de salud, y se deben relanzar las inversiones en infraestructuras para enfrentar los graves déficits que retrasan el crecimiento.

En otras palabras, se necesitan reformas que profundicen el actual modelo que ha producido el mayor proceso de industrialización de nuestra historia republicana. En la actualidad y, pese a todos los problemas, la industria aporta el 16.5% del PBI, una cifra largamente superior a cualquier otro sector. ¿Por qué entonces cambiar el modelo que más industrialización competitiva con el mundo ha creado en el Perú? ¡No hagamos locuras!