Enemigos de la minería moderna causan más de 1.7 millones de pobres

Los enemigos del crecimiento y la reducción de pobreza en el Perú no solo son los promotores del proyecto de la asamblea constituyente, sino también los sectores progresistas que promueven las sobrerregulaciones y la organización de un Estado burocrático para detener la inversión privada. Los efectos sociales de los enemigos de la inversión son devastadores para la sociedad, sobre todo para los sectores excluidos.

Según el estudio ¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto de los conflictos sociales y la tramitología en la minería, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la no ejecución de 23 proyectos mineros entre el 2008 y el 2022 explica que 1.7 millones de peruanos padezcan el flagelo de la pobreza. Vale señalar que la pobreza hoy se ubica en 27.5% de la población; es decir, más de nueve millones de peruanos. La cantidad de peruanos que, según el estudio del IPE, habrían dejado de ser pobres de haberse concretado los proyectos mineros, es muy grande. A nuestro entender, eso representa un verdadero crimen social en el país.

¿Quiénes son los culpables de ese crimen social? Es evidente que las oenegés antimineras y los sectores del radicalismo anti-inversión están entre los principales responsables. Desde el 2014 el discurso antiminero llegó a las altas esferas del Ejecutivo y, de una u otra manera, terminó bloqueando proyectos emblemáticos como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. Iniciativas mineras que fueron detenidas sin ninguna argumentación o razón justificable, más allá de la posición ideológica anticapitalista. A partir de allí comenzó a detenerse el potencial minero del Perú.

Cajamarca es el ejemplo paradigmático de cómo estas posiciones anti-inversión se convierten en verdaderas fábricas de pobreza. Hoy la región cajamarquina es la más pobre del Perú, con el 44.3% de la población inmerso en esta lacra social, no obstante que tiene una cartera de inversiones mineras de más de US$ 18,000 millones. Si los proyectos Conga, La Granja, Galeno, Michiquillay, entre otros, estuviesen en ejecución, Cajamarca tendría uno de los ingresos per cápita más altos del país, desarrollaría un clúster minero poderoso y resolvería la mayoría de sus problemas sociales.

La tramitología es el otro gran enemigo de las inversiones. El progresismo, que llegó a controlar diversos ministerios vinculados a la actividad minera, incrementó los procedimientos y sobrerregulaciones para conseguir licencias y autorizaciones de exploración y explotación mineras. La sobrerregulación se implementó desarrollando los mitos y leyendas que señalan que las empresas mineras modernas generan impactos medioambientales insuperables. Como todos sabemos, el tiempo ha demostrado la falsedad de la argumentación. 

Por ejemplo, en 1990 existían siete dependencias vinculadas a la minería; pero en los últimos años llegaron a sumar más de 30. Igualmente existían alrededor de 12 procedimientos para conseguir licencias y autorizaciones mineras; sin embargo, en los últimos tiempos llegaron a sumar 265 en total. Una verdadera barbarie. El Ejecutivo se ha comprometido a crear una ventanilla única para simplificar y unificar los procedimientos y agilizar los procesos de exploración y explotación. En cualquier caso, esa es una buena noticia.

El estudio del IPE mencionado líneas arriba igualmente señala que, por la postergación de los 23 proyectos mineros, la economía nacional perdió alrededor de S/ 698,000 millones y S/ 123,000 millones en recaudación fiscal. La investigación también señala que se perdieron más de 541,000 puestos de trabajo en la fase de construcción de los proyectos y 125,000 empleos durante el desarrollo de las inversiones mineras.

Haber contribuido a incrementar el número de pobres, a todas luces, es un verdadero crimen social que solo se puede justificar desde una ideología totalitaria, en la que los niños que pierden su futuro por la desnutrición solo son cifras frías que no interesan con el objeto de tomar el poder. Y la izquierda solo llega al poder cabalgando sobre la pobreza que aumenta.

Como se aprecia, la izquierda colectivista necesita de la pobreza para seguir sobreviviendo como proyecto político y continuar agitando en contra de la economía de mercado y las libertades en general.