EL SUR MINERO EN MEDIO DE CONFLICTOS SOCIALES

Hay más conflictos en las zonas donde el Estado ha postergado a las poblaciones

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo sostiene que existen 159 conflictos sociales activos en el país. Las regiones sureñas concentran 49 conflictos y 37 están a un paso de agudizarse. En el informe también se señala que la mayor parte (78%) son conflictos socioambientales. Este informe debe poner en alarma a las autoridades nacionales, ya que en el sur están ubicados los principales proyectos mineros del Perú, donde además está el denominado Corredor Minero del Sur, que es una extensa zona estratégica.

Desde este portal hemos insistido en que la ausencia del Estado, incapaz de llegar hasta las heladas punas y las llanuras amazónicas, es la primera fuente de conflictividad social del país. Un Estado que cobra impuestos, pero no cierra brechas importantes e históricas en educación, salud o transportes, además de convertirse en un pesado ente con una ineficiente burocracia, es una de las razones para que surjan los conflictos sociales. Cuando el Estado no puede resolver las necesidades y demandas de la población, surgen personajes ideologizados de viejo cuño izquierdista, o simplemente brokers políticos, que lucran con los conflictos para agudizar las tensiones y provocar protestas y paros violentos.  

No es casual que, según este informe de la Defensoría, allí donde el Estado ha postergado a las poblaciones haya más conflictos sociales. Así Apurímac es la primera de las regiones con más conflictos (22 casos); seguida por el Cusco, que a pesar del enorme impulso de las inversiones públicas y privadas aún tiene quince conflictos. Luego vienen Puno (con trece), y Arequipa y Moquegua (con cinco cada una). Además, allí están localizado el Corredor Minero del sur, donde están varios proyectos mineros de suma importancia para el Perú.

Ahora bien, la publicación de la Defensoría señala indirectamente que el gobierno no tiene una adecuada estrategia para gestionar y mitigar los conflictos sociales alrededor de la minería. Hoy vemos que en el sur minero pueden estallar varios conflictos mientras el gobierno todavía no presenta una estrategia integral. El gobierno debe proponer y consolidar una nueva estrategia. Hasta el momento, por ejemplo, en Las Bambas el gobierno ha prometido un programa de desarrollo de más de S/. 2,000 millones; pero no ha coordinado con la empresa MMG, cuyo programa de inversión contiene alrededor de US$ 300 millones para Tambobamba.

El Tía María en tanto, el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski sostuvo que irá próximamente al Valle de Tambo para escuchar las necesidades y demandas de la población. ¿Acaso no sabe el gobierno que la población de la provincia de Islay tiene un grave problema de agua que afecta a la producción agrícola? Además, en estos dos proyecto —Las Bambas y Tía María— hay expertos brokers que alteran las negociaciones. ¿Acaso el gobierno no puede utilizar la ley para impedir que estos aprovechadores ensucien las legítimas aspiraciones de la población?

El gobierno pepekausa debe resolver el déficit de propuestas que tiene para reducir los conflictos sociales alrededor de la minería.