¡El sector agrario en peligro!

Un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el Producto Bruto Interno (PBI) de los departamentos según actividades económicas en el periodo 2007-2016, revela un crecimiento nacional de casi 36% en el sector agropecuario. Es decir, de una producción de S/ 19.07 millones en 2007 se pasó a producir un monto de S/ 25.92 millones en 2016, siendo los departamentos de Ica, Piura, La Libertad y Lambayeque los más competitivos.

Asimismo, otro reporte sobre el valor de la producción del sector agropecuario, indica una producción de S/ 6,381 millones en 1995 y de S/ 13,094 millones en 2012, que representa un incremento de 105%. Sobre las inversiones extranjeras, el informe revela que de US$ 7.66 millones en 1995 se llegó a US$ 45.23 millones en 2012, incremento que representa casi el 500% en siete años.

Las cifras irrefutables demuestran la enorme influencia de la Ley N° 27630, Ley de Promoción Agraria, promulgada en el 2000 y vigente hasta el 2021. La Ley no solo incrementa la productividad y competitividad de los departamentos dedicados a la producción agropecuaria, además es un instrumento valioso contra la pobreza y el desempleo. La Ley otorga beneficios tributarios y laborales a las actividades agroindustriales y avícolas. Además, permite que las actividades agrícolas paguen el 15% por la renta anual y la recuperación del Impuesto General a las Ventas de manera anticipada. Sobre los beneficios laborales, la Ley establece que los trabajadores del sector agrario tendrán un jornal diario que incluye la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones por Fiestas Patria y Navidad, vacaciones remuneradas por quince días, indemnizaciones por despido arbitrario, aporte al seguro (equivalente al 4% de la remuneración mensual), derecho a sindicalizarse y jornadas de ocho horas diarias y 48 horas a la semana. 

La prórroga de la Ley de Promoción Agraria es cuestionada en el Congreso de la República mediante proyectos de ley de corte político en lugar de técnico. El proyecto de Ley N° 2118, presentado por la congresista Janet Sánchez, de la bancada de Peruanos por el Kambio, busca modificar el régimen laboral agrario proponiendo que este sector se rija por el régimen laboral general. El Proyecto de Ley N° 508/2016, del congresista Hernando Cevallos Flores, del Grupo Parlamentario Frente Amplio, también pretende eliminar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria. De la misma idea es la ex congresista Ana Jara con su Proyecto de Ley N° 139/2011-CR.

Por su parte, el Proyecto de Ley N° 695/2016-CR, del congresista Clayton Galván Vento, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, y el Proyecto de Ley N° 41/2016-CR, del congresista Elías Rodríguez Zavaleta, de la Célula Parlamentaria Aprista, proponen modificar los días de vacaciones remuneradas.

Es una locura insistir en derogar la Ley de Promoción Agraria sabiendo que el incremento de la pobreza de 1% en 2017 es uno de los principales riesgos que atenta contra el modelo económico de mercado libre consagrado en la Constitución de 1993. Hacerlo significa ir en contra de la inversión privada, que genera trabajo, divisas y, sobre todo, empleo formal. Por el contrario, la Ley N° 27630 puede servir como modelo para reformar todo el sistema laboral del país.

No nos extraña, entonces, que los congresistas vinculados a la izquierda se opongan a la extensión de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria e intenten modificar su contenido. Para la izquierda la lucha contra la pobreza no está en el campo de las inversiones privadas que generan trabajo y riqueza, sino en el incremento de los programas sociales que, como ya se demostró, no han servido para detener el alza de la pobreza en el país.

Veremos qué decide la mayoría legislativa que —según su plan de gobierno— se supone que es reformista, promercado, procapitalista y prodemocrática. Veremos si está atenta a reportes estadísticos como, por ejemplo, los de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), sobre exportaciones definitivas, que señala que en 2004 las exportaciones agropecuarias fueron de US$ 800.42 millones y en 2016 de US$ 4,700 millones. Casi 490% de variación positiva.