¡El rebote económico en peligro!

La decisión de la administración Sagasti de repetir la cuarentena como medida para enfrentar la pandemia –medida que el año pasado convirtió al Perú en el país con la mayor letalidad por millón de habitantes y con una de las recesiones más destructivas del planeta– se convertirá en el peor enemigo de la recuperación del crecimiento, de las inversiones y del empleo.

Pese a las leyes anti inversión aprobadas en el Congreso, el BCR proyectaba un crecimiento de 12% del PBI para el 2021, y algunas consultoras privadas hablaban de una expansión entre 7% y 9% del PBI. En otras palabras, el modelo económico seguía mostrando sus fortalezas y todos empezaron a hablar de un rebote económico.

Sin embargo, luego de establecerse la nueva cuarentena, los economistas empiezan a proyectar una caída en febrero de 20% del PBI, más allá de que el confinamiento de la administración Sagasti permita el funcionamiento de sectores económicos esenciales, tales como construcción, minería y agroexportaciones.

Al margen de cualquier enfoque, es incuestionable que la proyección de crecimiento de 12% del PBI debe ser revisada a la baja. Y que eso suceda es un verdadero despropósito económico y social que proviene del fracaso de la política sanitaria de la pasada administración Vizcarra y de la terquedad del actual Ejecutivo en persistir en los mismos yerros.

¿Por qué es necesario utilizar palabras fuertes? Porque en el 2020 el PBI se redujo en más de 10%, la pobreza aumentó transitoriamente en 10% del PBI y la deuda pública se disparó por encima del 35% del PBI. De otro lado, el 2020 –creemos que así se confirmará en los estudios– también deberá ser considerado como el año de la explosión de la informalidad. Algunos cálculos indican que la economía nacional hoy debe rozar el 70% de informalidad (antes de la pandemia la informalidad llegaba al 60%).

En este contexto, el nuevo confinamiento no tiene ni pies ni cabeza. Revela que solo hay desesperación para contener la pandemia –mientras se espera la llegada de las vacunas– e indolencia frente a la destrucción del aparato productivo. Aumentar la pobreza en este terrible escenario, entonces, es un verdadero crimen económico y social.

Sin embargo, no solo la ausencia de una política sanitaria para contener el Covid de parte del Ejecutivo causa la destrucción de la economía. También la mesa directiva del Congreso, controlada por el Frente Amplio, ha impuesto una agenda anti inversión, no obstante que este grupo político nunca ha ganado una elección nacional y solo representa a la minoría de las minorías. La nueva ley agraria (que establece una remuneración especial en el agro) y la ley de topes a las tasas interés, simplemente, son los anuncios del desmantelamiento del modelo económico. En el extranjero, los líderes políticos y empresarios están abismados frente a la capacidad autodestructiva del Perú, sobre todo en el tema agrario: es una manera de evitar, de bloquear, que el país se convierta en una potencia agraria mundial.

A este escenario de leyes populistas y anti inversión acaba de sumarse el dictamen de una comisión multipartidaria que propone la estatización del sistema privado de pensiones; es decir, la destrucción del sistema de pensiones y del modelo económico. En otras palabras, el Legislativo también tiene una enorme responsabilidad en la destrucción del aparato productivo.

En medio de las sombras que se acumulan, la incertidumbre que generan las elecciones nacionales y la posibilidad de que los proyectos populistas y chavistas lleguen al Ejecutivo también es un factor que abona la destrucción de la economía. Ante la falta de predictibilidad, el flujo de inversiones de mediano y largo plazo simplemente se esfuma. Otro factor que suma al escenario adverso en contra de la recuperación de la economía y el empleo.

Sin haber ganado ninguna elección nacional, la izquierda ideologizada y anticapitalista podría estar muy cerca de destruir a su peor enemigo: la inversión privada que genera reducción de pobreza. ¡No lo permitamos!