El Perú no puede renunciar a las reformas

La administración de facto de Martín Vizcarra ha anunciado un plan de gobierno con medidas efectistas que pueden convocar el aplauso en el corto plazo, pero que se convertirán en verdaderos boomerangs de aquí al 2021. Gobernar planteando incrementar el sueldo mínimo vital, fiscalizar la venta de genéricos en las farmacias y controlar las fusiones de empresas es un gesto para las tribunas que esconde la falta de decisión para enfrentar los problemas que están ahogando el crecimiento y reduciendo las posibilidades de reducir pobreza.

Si las proyecciones de crecimiento para el 2019 se confirman, entonces, este año las posibilidades de reducir pobreza serán mínimas y el fantasma de este flagelo social retornará. Este año se proyecta un crecimiento del PBI de menos de 3%, y los especialistas señalan que necesitamos crecer por lo menos 4% para absorber la demanda de empleo de los 250,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía. Si el Perú vuelve a aumentar pobreza acumulará dos años en este quinquenio retrocediendo frente a esta lacra social.

Por todas estas consideraciones, la administración Vizcarra debe enviar señales claras de su voluntad de promover las inversiones y la reactivación de los mercados. Por ejemplo, promulgar mediante un decreto de urgencia la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, que fue ampliada por diez años en el Legislativo —antes de su cierre inconstitucional— sería un buen mensaje a las inversiones agrarias que demandan predictibilidad en el mediano y largo plazo.

Igualmente, una firme decisión del Ejecutivo de respaldar la decisión del Consejo de Minería —dependiente del Ministerio de Energía y Minas—, que ha ratificado la licencia de construcción de Tía María revelaría que el gobierno está dispuesto a jugarse por la minería en el país. Se entendería entonces que la decisión de decretar el estado de emergencia en el Corredor Vial del Sur —en donde se emplazan las principales minas del país— forma parte de una clara voluntad oficial de fomentar las inversiones mineras. En otras palabras, el Ejecutivo dejaría en claro que la minería va y que no se cederá ante las intenciones de los sectores antimineros de bloquear Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay y Constancia.

Cuando hablamos de estos temas nos referimos a señales. Pero cuando se menciona la posibilidad de concretar el Plan de Competitividad y el Plan de Infraestructuras —respaldado en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— estamos hablando de la posibilidad de concretar algunas reformas que incrementen la productividad de nuestra economía y relancen el crecimiento en el mediano y largo plazo.

Al margen de su feroz guerra política, el Perú necesita reformas que establezcan una predictibilidad institucional mínima para las inversiones (un objetivo extremadamente complicado en esta coyuntura), reformas en los sistemas educativos y de salud que posibiliten formar una fuerza laboral innovadora de cara a la IV Revolución Industrial y resolver los problemas acumulados en infraestructuras, que no permiten conectar los mercados y aumentar los intercambios.

Este tipo de reformas son las únicas que han permitido a las sociedades de ingreso medio —que redujeron considerable pobreza luego de una primera generación de reformas— superar el estancamiento económico que sobreviene luego de etapas de crecimiento intenso. Es la única manera de acercarse al desarrollo. Los estallidos sociales que observamos en América Latina reflejan el descontento de enormes sectores sociales frente a la lentificación del crecimiento. Extraigamos, pues, las lecciones correctas.