El negocio antiminero: ¡atacar a las minas y rentabilidad fácil!

Si el Ejecutivo se niega a recuperar la autoridad democrática en las zonas mineras, entonces las entidades del sistema de justicia y la Policía Nacional del Perú (PNP) están obligadas a restablecer el Estado de derecho en las zonas mineras. Así lo establece la Constitución. Si el Ejecutivo suma infracción constitucional tras infracción constitucional, las demás instituciones deben hacer prevalecer la Constitución y las leyes.

MMG-Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del mundo, ha sido atacada en 28 puntos, y los trabajadores de seguridad han sido vejados y maltratados cuando ejercían la defensa posesoria del campamento de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. Sin embargo, ninguno de los atacantes ha sido detenido y procesado. Si en las próximas horas esta situación continúa quedará en evidencia que el Estado ha abandonado a las zonas mineras, tal como lo ha hecho con el narcotráfico en el Valle del Río Ene y Apurímac (VRAEM). 

La conclusión será incuestionable: en el Perú no hay Estado de derecho y el Ejecutivo, de una u otra manera, ha alentado y ha empoderado a las minorías radicales que ejercen violencia, sobre todo si consideramos que durante la presidencia del Consejo de Ministros de Guido Bellido y Mirtha Vásquez se respaldaron propuestas absurdas en el corredor vial del sur y se pretendió convertir a los violentistas “en defensores ambientales”, ofreciéndoles apoyo legal.

En las últimas acciones de violencia en contra de MMG-Las Bambas, ante la prensa nacional, Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, llegó a sostener lo siguiente: “Si tratan de reactivar su operación ya no vamos a ser responsables de las cosas que pasen”.

Igualmente, Vargas señaló que la comunidad de Fuerabamba no iba a asistir al diálogo convocado por la Presidencia del Consejo de Ministros para el próximo 7 de mayo. A esa junta también habían sido convocados los representantes de la comunidad de Huancahuire.

En cualquier caso, Vargas y otros dirigentes de Fuerabamba se han declarado en virtual colisión contra el Estado de derecho. Vale recordar que cuando hubo heridos por el desalojo pacífico de los violentistas –antes del masivo ataque en contra de la mina– Vargas se opuso al traslado de los heridos. “Ningún herido saldrá de Fuerabamba porque estamos en guerra”, dijeron los dirigentes de Fuerabamba.

Como se aprecia, existe una clara estrategia de acabar con el sistema de propiedad de las minas e instaurar una anarquía e informalidad que culmine en la estatización de las minas del cobre, a semejanza del petróleo con PDVSA en Venezuela.

No obstante, en estas luchas no se trata de reivindicaciones flamígeras en favor del pueblo. Vargas se ha convertido en parte de la clase media rural que ha surgido gracias a la minería moderna. Sin embargo, pretende seguir creando rentas sin invertir, crear empresa o producir.

¿A qué nos referimos? Vargas recibió alrededor de S/ 1.6 millones de la empresa minera cuando se produjo el reasentamiento de la vieja Fuerabamba a la nueva Fuerabamba. Algo más. Una empresa de Vargas alquila camionetas a MMG-Las Bambas. 

Por otro lado, el alcalde de Challhuahuacho, Porfirio Gutiérrez, recibió S/ 2.6 millones también por el reasentamiento de la vieja localidad. En total, cerca de 500 comuneros recibieron entre S/ 1.2 millones y S/ 1.6 millones por el reasentamiento.

Pese a todo, los dirigentes de Fuerabamba se han convertido en radicales extremistas que anuncian el cierre de una de las diez minas más grandes del mundo. Ante la vista y paciencia del Ejecutivo, que se ha convertido en enemigo de la minería moderna; y sobre todo de los pobres, que ven postergadas sus posibilidades de abandonar el estado de exclusión. A menos minería menos crecimiento y más pobreza.