El Perú, en términos institucionales y económicos...
Uno de los mayores legicidios económicos cometidos por las corrientes de izquierda, sobre todos los llamados sectores progresistas, fue la derogatoria de Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que establecía un régimen tributario promocional con un impuesto a la renta del 15% (para grandes empresas, medianas, pequeñas y más de dos millones de minifundistas del sector agrario) y consagraba un régimen de flexibilidad para los contratos de trabajo. Bajo el marco de la ley derogada y a la sombra de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio, las agroexportaciones se convirtieron en un milagro planetario.
Las cifras son realmente abrumadoras, impresionantes. En dos décadas, las agroexportaciones crecieron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en el 2022 y se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones, mientras las empresas no cesaban de reinvertir sus utilidades. De otro lado, el trabajo se dignificó como nunca: el empleo formal creció de 460,000 directos e indirectos en el 2004 a más de un millón directos e indirectos en la actualidad. Las regiones agroexportadoras bajaron la pobreza por debajo de la media nacional e Ica llegó al pleno empleo con una pobreza debajo del 7% de su población (el promedio nacional está en 27.5%). Asimismo, la media de las remuneraciones estaba largamente sobre la Remuneración Mínima Vital que suele fijar el Estado, por la esclavitud de la burocracia con respecto a la fábula marxista del “trabajador explotado frente al empresario abusivo”.
La izquierda comunista y progresista, las oenegés que comenzaban a ser financiadas por los competidores mundiales de las agroexportaciones peruanas, no cesaban de demonizar a la Ley 27360 y el milagro agroexportador peruano. El mundo estaba sorprendido y envidiaba los resultados de la agroexportación, pero a la izquierda le aterraba que la pobreza siguiera reduciéndose en el agro. En ese contexto, el Gobierno progresista y provisional de Francisco Sagasti y la conducción del Congreso, también provisional, de Mirtha Vásquez se confabularon para derogar una de las mejores leyes de la historia republicana luego de que unas decenas de activistas bloquearan la Panamericana Sur en Ica.
La derogatoria produjo una ley estatista que empezó a ahogar la prosperidad agroexportadora. La Ley 3110 derogó el régimen promocional tributario extendiendo su duración solo hasta el 2031. El resultado: no se conoce una sola nueva inversión desde entonces. Las agroexportaciones crecerán hasta este año por la inercia de inversiones previas, pero desde el 2024 todo empezará a declinar. Una barbarie.
En el terreno laboral, en la práctica se eliminó la flexibilidad laboral que permitía a las empresas contratar a miles de trabajadores. Algunas empresas demandaban hasta 15,000 empleos por campañas (siembra, mantenimiento y cosecha). Con la derogatoria y la nueva ley se estableció un sistema de contratación preferente por antigüedad y se promovió la negociación por rama especial para el sector agrario, no obstante que ya existe una norma general sobre el asunto. Sin embargo, lo más grave de todo es que la Ley 31110 establece una bonificación especial para el trabajador agrario (BETA) del 30% sobre la Remuneración Mínima Vital. De esta manera cada vez que se incrementa el mínimo vital se penaliza la productividad de las empresas agrarias con el BETA.
No es de extrañar entonces que no existan nuevas inversiones en un sector que creció a sorprendentes tasas asiáticas como suelen decir los economistas. El efecto destructivo de la Ley 31110 ha comenzado a destruir el boom agroexportador del Perú y el Congreso debe proceder a restablecer la plena vigencia de la ley de Promoción Agraria.
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