¡El Frente Amplio pretende bloquear Quellaveco!

Sin ninguna argumentación técnica ni documentación que pruebe su denuncia, la Junta de Usuarios del río Tambo (regantes de Arequipa) ha planteado la posibilidad de detener el proyecto Quellaveco (Moquegua) arguyendo la desviación de los ríos Titire y Vizcachas, dos afluentes del río Tambo. El objetivo de esta nueva leyenda inventada por los sectores antimineros es señalar que el proyecto Quellaveco utilizará aguas que se destinan a la agricultura, y culpar a la empresa de la mineralización que se produce en las cuencas altas de los dos ríos mencionados, debida a eventos volcánicos naturales.

La campaña de los militantes del Frente Amplio es absolutamente increíble. Sobre todo porque va en contra de los sectores más pobres, que pierden enormes posibilidades de abandonar su estado de postración. Sobre el río Vizcachas, la concesionaria del proyecto Quellaveco, AngloAmerican-Mitsubishi, está construyendo una presa para almacenar agua y destinarla a los agricultores de Moquegua y del Valle Tambo. De los 28 millones de metros cúbicos (mmc) de agua por año que se proyecta almacenar, la mina solo usará en sus operaciones 4 mmc. Es decir, 24 mmc para el consumo y la agricultura más.

Lo cierto es que las aguas para las operaciones de proyecto Quellaveco serán proporcionadas por lluvia que se almacenará en reservorios construidos para tal fin. Igualmente se utilizará parte del agua del río Titire que, ahora sabemos, está contaminada por su origen volcánico.

Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), en la parte alta de la cuenca del río Tambo se emplazan rocas volcánicas que cubren extensos territorios. Ingemmet ha registrado 526 eventos volcánicos relacionados con flujos, erosión, caídas, derrumbes, deslizamientos, avalanchas e inundaciones de masas volcánicas. Por esa razón, el río Titire, afluente de los ríos Coralaque y Vagabundo (a su vez afluentes del río Tambo), contiene alto contenido de arsénico, boro y sales minerales. Agua mineralizada de manera natural que no es apta para el consumo humano ni para las actividades agrícolas y pecuarias.

La estrategia de Marco Arana y de su ONG antiminera Grufides busca detener la inversión minera en el Perú, sobre todo en cobre. ¿Cuál es el interés? Favorecer a los grandes especuladores de cobre del planeta, que suelen financiar a las ONG anti inversión. Ya lo hicieron en Conga (Cajamarca), lo siguen haciendo en Tía María (Arequipa) y ahora enfilan contra Quellaveco (Moquegua). Es hora de que el Ejecutivo, el Congreso y la clase política democrática detengan esta estrategia absurda.

El Frente Amplio (FA), de Marco Arana, ha tenido cuidado en elegir a sus candidatos en las zonas mineras. En Arequipa, esos candidatos están relacionados directamente con la Junta de Usuarios del río Tambo. Candidatos que, para ganar votos, les hacen creer a los electores que el agua del río Titire está contaminada con metales pesados, sin explicar los eventos volcánicos naturales.

El candidato del FA de la provincia de Islay es Jaime de la Cruz; el del distrito Dean Valdivia, Jesús Cornejo; y de Cocachacra, Julio Hilario Cornejo (hermano de Jesús). En abril de 2015, durante los actos violentos en contra del proyecto Tía María, organizados por los antimineros, la policía logró identificar a los principales instigadores. Dos de ellos eran Jaime de la Cruz, alcalde de Dean Valdivia, y Jesús Cornejo, entonces presidente de la Junta de Usuarios Tambo. Ambos vinculados a Pepe Julio Gutiérrez, el dirigente antiminero que extorsionaba a la minera Southern (si no hay “lentejas”, arderá Troya). En su momento, el Poder Judicial de Arequipa los declaró culpables, junto a otros 13 pobladores de la provincia de Islay (Arequipa), por delito contra la seguridad pública, por haber bloqueado el 15 de abril de 2015 los accesos al valle de Tambo.

El Gobierno debe asumir su responsabilidad de promover y proteger todas las inversiones privadas. Quellaveco es uno de los proyectos de cobre y molibdeno de talla mundial que el Estado está en la obligación de preservar. La inversión de US$ 5,300 millones para producir 300,000 toneladas anuales durante 32 años, incrementará en 12% el Producto Bruto Interno (PBI) y duplicará el canon en la región Moquegua. No es posible que un pequeño grupo de activistas —liderados por Marco Arana y vinculados a ONG del ambientalismo ideológico, que juegan a favor de los traders internacionales de minerales— pongan en peligro el crecimiento económico y el desarrollo social del país. especialmente si se sabe que por cada empleo minero se crean siete empleos indirectos.