El Estado fracasa, pero se sigue culpando a mineras

Diversas investigaciones señalan que los gobiernos subnacionales (regionales y locales) con más ingresos por canon minero entre el 2011 y el 2021 apenas gastaron el 50% de lo recibido, no obstante que la mayoría de proyectos mineros se emplaza en los Andes, rodeados de cordones de pobreza. En este contexto, en las áreas mineras surgen islas de prosperidad y modernidad rodeadas de poblaciones excluidas.

En otras palabras, los aportes de la minería no se traducen en mejores escuelas, postas médicas, carreteras y sistemas de agua y desagüe. Para entender la magnitud de los aportes de la minería vale señalar que, en la última década, los gobiernos subnacionales recibieron alrededor de S/ 40,000 millones, pero solo se ejecutó la mitad. El año 2021, debido al superciclo de los precios de los minerales y el excelente sistema de tributación, la minería aportó al fisco más de S/ 14,000 millones. Es decir, más de 200% de incremento en sus aportes con respecto al año anterior.

Cuando el Estado –a través del gobierno central y de los gobiernos regionales y locales– fracasa en redistribuir adecuadamente la riqueza minera, los sectores antimineros desarrollan los relatos que demonizan a las compañías como si fueran las responsables de la exclusión y la marginación. Si en las áreas mineras hubiese partidos democráticos y responsables, lo correcto sería que ellos promuevan los acuerdos y entendimientos entre las poblaciones y las empresas para exigir que el Estado redistribuya adecuadamente la renta minera.

Sin embargo, las corrientes antimineras priorizan una agenda ideológica antes que los intereses de los ciudadanos de las áreas rurales, sobre todo los más pobres. Uno de los mayores crímenes económicos y sociales es haber paralizado las minas en Cajamarca (Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay, entre otros) que podrían aportar más de un millón de toneladas métricas de cobre (TMC) al país y le permitirían crecer por encima del 5% anual y reducir varios puntos de pobreza. Pero, sobre todo, convertirían a la región Cajamarca, hoy considerada entre las más pobres, en una con los mayores ingresos per cápita del Perú.

El discurso antiminero fue asumido por el gobierno de Pedro Castillo, sobre todo a través de los gabinetes Bellido y Vásquez, que promovieron una asamblea constituyente y las nacionalizaciones, y luego promulgaron leyes laborales que apuntan a colectivizar a las empresas privadas. El resultado en la minería es devastador: en el Proyecto de Yanacocha Sulfuros se acaba de anunciar que se suspende la inversión hasta el 2024 mientras que Glencore acaba de informar que los planes de expansión de Antapaccay están en revisión, luego de los bloqueos de las carreteras. En ese sentido el proyecto Coroccohuayco está en revisión.

La minería aporta recursos vitales al Estado, y más de cinco millones de peruanos se benefician de esta actividad. Vale destacar que las empresas emplean a más de 200,000 trabajadores directamente, en tanto que los empleos indirectos que genera esta actividad sobrepasan los 1.2 millones, que corresponden a contratistas, proveedores y otras empresas de servicios. Las familias de estos trabajadores suman más de 4.3 millones de personas. En otras palabras, más de 5.5 millones de personas se benefician de la actividad minera en el Perú.