El Estado de derecho, el corredor vial del sur y Las Bambas

En medio de la crisis institucional que afecta al sistema republicano, diversos sectores pretenden reeditar las jornadas de violencia que se sucedieron en el país luego del fracaso del golpe de Pedro Castillo y después de que se impusiera el Estado de derecho en el país. El plan de estas corrientes es convertir el próximo 7 de diciembre, un año después del golpe fallido de Castillo, en una fecha en la que resucite la violencia que pretendió sumir al país en la anarquía, quebrar el Estado de derecho y convocar a una asamblea constituyente.

Uno de los sectores más duramente golpeados por los grupos violentistas durante el gobierno de Castillo fue la minería moderna, particularmente las minas emplazadas en el llamado corredor vial del sur, que producen alrededor del 40% del cobre nacional. De allí la importancia de permanecer alertas para preservar la minería moderna y de reforzar el Estado de derecho, a pocos días de cumplirse un año del intento de quebrar la institucionalidad y nacionalizar las empresas mineras.

En este contexto, Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta, fue una de las más golpeadas por las estrategias violentistas del radicalismo antiminero. Desde el inicio de operaciones de la mina se acumularon más de 17 meses de bloqueos de la carretera, que impidieron trasladar el mineral al puerto. Asimismo, en el preciso momento en que Las Bambas iba a iniciar la explotación del tajo Chalcobamba –para reemplazar el agotamiento natural del tajo Ferrobamba, que se explota desde el inicio de las operaciones–, unas decenas de pobladores lo invadieron y comenzaron a explotarlo ilegalmente.

Todos estos hechos determinaron un verdadero crimen económico social en contra de la población más pobre de Apurímac. El año pasado Las Bambas, una mina con la potencial de producir 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales, apenas produjo 220,000 TMC. Es decir, una caída del 50% de la producción en un momento de inmejorables precios del metal rojo.

¿Por qué decimos que estamos ante un crimen económico y social en contra de los pobres apurimeños y del país? El año pasado, a pesar de todos los problemas en el corredor vial del sur y de Las Bambas, la pobreza en Apurímac bajó a 24.7% de la población, mientras que el promedio nacional llegaba al 27.5% (más de nueve millones de peruanos). Se trataba de la primera vez en que la pobreza en Apurímac se ubicaba debajo del promedio nacional y, de una u otra manera, la señalada región se convertía en la que más reducía este flagelo luego de la pandemia.

Considerando que otras regiones andinas –como Cajamarca, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Huánuco– tienen cifras de pobreza por encima del 40% de la población, los niveles de avance contra esta lacra social en Apurímac solo pueden ser explicados por el aporte de la mina Las Bambas. ¿Por qué? La señalada mina suma una inversión de más de US$ 10,000 millones, representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y más del 75% de los ingresos de la región Apurímac, a través del canon y regalías.

Otro de los hechos que merece destacarse en Las Bambas es que genera 8,000 puestos de trabajos directos y más de 75,000 indirectos. Por otro lado, mediante una estrategia de promoción social, en las zonas de influencia directa la mina fomenta la creación de una red empresarial en transporte, alimentación, hotelería y otros servicios para la mina. La lógica es contratar a pobladores de la zona de influencia directa.

Como se aprecia, Las Bambas es el principal motor antipobreza de la región. De allí que el radicalismo antiminero cometa un verdadero crimen contra los propios apurimeños cuando ataca y ejerce violencia contra la minería moderna.