El discurso antiminero alienta la minería ilegal en el corredor vial

La minería ilegal sigue avanzando en el corredor vial del sur y los esfuerzos del Estado –incluidas las instituciones del sistema de justicia– se muestran insuficientes para contener la amenaza en contra de la inversión minera que paga impuestos, genera empleo y reduce la pobreza. De acuerdo con diversas versiones alrededor de 100 volquetes cargados de mineral ilegal se desplazan diariamente en el mencionado corredor, con las tolvas descubiertas, contaminando a su paso los pueblos y comunidades.

Una de las cosas que más llama la situación de estos hechos es que las oenegés que desarrollan actividades en la zona no hayan emitido pronunciamientos categóricos condenando a la minería ilegal. El silencio de las oenegés contrasta con el activismo que desarrollan en contra de la minería moderna, que preserva el medio ambiente. Por ejemplo, los camiones de las empresas formales de minería tienen las tolvas encapsuladas y, por lo tanto, no representan ninguna amenaza al medio ambiente. Luego de este preocupante silencio frente a la minería ilegal queda en evidencia que, el objetivo central de estas oenegés es bloquear las inversiones de la minería moderna. Y surge la inevitable pregunta sobre quiénes financian a estas entidades. ¿Acaso los competidores internacionales del Perú en la exportación de cobre? Allí se necesita una respuesta y también se necesita fiscalizar y controlar.

La minería ilegal es una amenaza real al futuro del Perú, tal como sucede en la provincia de Pataz, en La Libertad. La alianza de los mineros ilegales con bandas del crimen organizado ya ha dejado 17 trabajadores muertos, 23 heridos y más de 15 torres de alta tensión derribadas. Igualmente, en los últimos meses se contabilizan más de 3,500 volquetes cargados de mineral que no pertenecen a Minera Poderosa, Aurífera Retama ni a Horizonte, empresas formales que pagan impuestos y generan empleo. Algo más. Se acaba de conocer que en Pataz existen más de 30 plantas que procesan el mineral ilegal.

La expansión de la minería ilegal en el corredor vial del sur, área en donde aproximadamente se produce cerca del 40% del cobre nacional, es incuestionable. En este contexto, se debe reconocer que en las últimas semanas se desarrolló una ofensiva del Estado en contra de esta lacra social: la Dirección de Medio Ambiente de la policía nacional (PNP), la dirección de Contraminas de la PNP, la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP y representantes del Ministerio Público realizaron una gran operación contra la minería ilegal en Tambobamba (provincia de Cotabambas, en Apurímac) y los montos de las incautaciones sobrepasaron los S/ 2.5 millones. Como parte de esa misma ofensiva, la PNP hizo cumplir el mandato judicial que ordenaba desalojar la invasión del tajo Chalcobamba de Las Bambas en el sector Salawi.

Las interdicciones en contra de la minería ilegal comienzan a ser hechos cotidianos en el corredor vial del sur. En el puente Challhuahuacho la PNP intervino un camión repleto de explosivos cuyo origen y destino no eran conocidos. Asimismo, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP arrestó a cuatro mineros ilegales que transportaban 60 toneladas de cobre puro valorizados en más de S/ 3 millones.

Es incuestionable, pues, que el resultado de las campañas en contra de la minería moderna, las campañas que cuestionan los derechos de propiedad y las concesiones mineras otorgadas bajo la Constitución de 1993 y las leyes nacionales, las demonizaciones ambientales de la minería moderna, no obstante que mantiene los más altos estándares ecológicos del planeta, tienen como resultado el surgimiento y el avance de la minería ilegal.

Considerando el superciclo de precios del oro y del cobre, es evidente que hoy los sectores antimineros y las oenegés anticapitalistas que bloquean las inversiones mineras para favorecer a nuestros competidores internacionales favorecen a la minería ilegal que destruye el medio ambiente, se alía con el crimen organizado, no paga impuestos, desarrolla trata de personas y todas las lacras sociales que suelen generar las economías ilegales.