Después de Castillo, ¡larga vida al modelo económico!

El fracaso del golpe de Estado de Pedro Castillo no solo ha fortalecido a la Constitución y las instituciones republicanas tutelares, sino que también ha vigorizado la legitimidad del modelo económico. Al respecto vale recordar que los anuncios de la asamblea constituyente, la nacionalización de los recursos naturales y la monserga de “los pueblos originarios” no solo apuntaban a derogar la Carta Política de 1993. Igualmente pretendían acabar con la economía de mercado, basada en la inversión privada y en la desregulación de precios y mercados.

No obstante que el Perú es el segundo productor mundial de cobre y que los precios del metal rojo alcanzaron récords históricos en el 2022 –sobre todo en el primer semestre– la economía nacional crecerá menos de 3% este año. Y el próximo apenas llegará al 2%. Una expansión de la economía tan ralentizada que será imposible reducir la pobreza.

Es incuestionable que los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones son los directos responsables del frenazo económico. El motivo: no hay nuevas inversiones en minería, agroexportaciones, construcción y otros sectores. Cae el crecimiento y no se reduce la pobreza.

Sin embargo, a pesar de los retrocesos, la continuidad del modelo económico empezó a convertirse en el adversario más temible de la asamblea constituyente y del Gobierno de Castillo. ¿Por qué? Porque la institucionalidad económica constitucional –expresada en el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros y la propia trayectoria institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)– impidió que el Ejecutivo tomara los ahorros del país y los repartiera alegremente con criterios populistas para conseguir una popularidad circunstancial en camino a la constituyente.

A diferencia del régimen chavista, que dilapidó el ahorro nacional de los venezolanos para perpetuarse en el poder, en el Perú Castillo y sus colaboradores no pudieron hacerlo. Nuestro país entonces no vivió un carnaval de reparto de riqueza efímera que habría disparado la popularidad de Castillo hacia la constituyente.

Igualmente, Castillo y las corrientes comunistas hicieron varios amagues de nacionalizaciones y expropiaciones del sector privado que solo convocaron el rechazo nacional. En el Perú también fue imposible repartir el ahorro y el capital privado para crear una borrachera de popularidad, tal como lo hacía Chávez cuando veía un edificio y decía “exprópiese” frente a las cámaras de televisión.

Cuando el modelo económico se convirtió en uno de los peores adversarios del régimen, el Ejecutivo promulgó decretos laborales que prohibían la tercerización laboral, que fomentaban la sindicalización –por fábricas, ramas y grupos empresariales– y liberalizaban en extremo el derecho a huelga, con el objeto de ahogar la inversión privada y colectivizar las relaciones de trabajo. Igualmente se renunció a ejercer la autoridad democrática en las regiones mineras, mientras se promovía el empoderamiento de las minorías radicales.

En otras palabras, se buscaba desmontar de a pocos la continuidad del modelo y el crecimiento. De alguna manera, más allá de que la oposición no haya defendido directamente y frontalmente el modelo, la sociedad ha comenzado a percibir la indisoluble relación entre proyecto de asamblea constituyente con las expropiaciones, estatizaciones y el fin de la inversión privada, el mercado y las libertades.

La derrota del golpe de Estado de Castillo también es la derrota del proyecto de la constituyente y, por lo tanto, representa la continuidad y fortalecimiento de la legitimidad de la Constitución de 1993 y de las principales instituciones republicanas. Sin embargo, también deja en claro que la Constitución, el Estado de derecho y las libertades solo pueden prosperar con el modelo de economía de mercado, basado en la inversión privada y la desregulación de mercados y precios.