Criminal ataque a la minería en el Cusco

Dos vehículos de la compañía minera La Bambas fueron apedreados e incendiados, y sus ocupantes –trabajadores de la mina– terminaron heridos y luego fueron evacuados del lugar por personal de la minera. Los autores del acto criminal fueron piquetes de manifestantes de la provincia de Espinar (Cusco), vinculados a la extrema izquierda. Ante este acto de sabotaje, que no puede quedar impune, las autoridades deben actuar de manera inmediata para evitar el desborde criminal. El pretexto del vandalismo fue un supuesto bono de solidaridad de S/ 1,000 para cada poblador, que deberían entregar las mineras. ¿Acaso las compañías han sido estatizadas y deben asumir todas las funciones que no cumple el Estado?

Una vez más, los sectores antimineros asentados en el Corredor del Sur ignoran la Constitución y las leyes, y se zurran en las instituciones del sistema de justicia (policía, fiscales y jueces). Con total impunidad bloquean carreteras, incendian vehículos, atentan contra la vida de las personas y destruyen propiedad pública y privada. ¿Cómo explicar esta especie de zona liberada que empieza a surgir en el sur del país? Las oenegés marxistas han desarrollado una estrategia de criminalización de la policía y las entidades de justicia, con objeto de neutralizar el cumplimiento de sus deberes y posibilitar la acción violentista de los sectores antimineros en su afán de bloquear las inversiones mineras; sobre todo las de cobre que, en la señalada zona, suman más del 50% de la producción nacional. Asimismo, las autoridades y pobladores del lugar que se oponen a estas acciones antiperuanas son constantemente amenazados y obligados a sumarse a los actos delictivos. 

Desde el 15 de julio pasado, los dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) de la provincia de Espinar han iniciado movilizaciones públicas y bloqueos de carreteras contra la empresa minera Glencore-Antapaccay. Los dirigentes, asesorados por las oenegés del ambientalismo, exigen a la minera la entrega inmediata del “bono de solidaridad” de S/ 1,000 a las personas mayores de 18 años inscritas en los padrones electorales de los ocho distritos de la provincia de Espinar. Y como siempre, para confundir y desvirtuar la razón de la violencia, el pedido es acompañado de supuestas defensas del medioambiente, la salud y la justicia. 

Según los autonombrados dirigentes, el bono –proveniente de los fondos otorgados por la minería a las comunidades por intermedio de convenios de cooperación– servirá para afrontar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Además, mediante un pronunciamiento “enérgico”, el FUDIE plantea reformular el convenio marco suscrito entre la minera y la municipalidad provincial de Espinar para acceder a ese bono. No obstante, si la minera accede a la entrega del bono se cancelarían la construcción de un centro deportivo, salones de uso múltiple y aulas interactivas, y proyectos de alimentación para la comunidad, programados para este año. 

Respondiendo al pedido, la compañía minera plantea que, en lugar de entregar dinero, lo mejor es distribuir a la población alimentos, medicinas y equipos de protección personas. Asimismo, reactivar los comedores populares y los 30 proyectos pendientes por S/ 30 millones en agricultura y salud para generar empleo en las comunidades. Asimismo, la minera ofrece créditos a los pequeños y medianos empresarios sin intereses. El Estado peruano no ha sido capaz de proponer semejante reactivación social y económica en la zona andina. 

No obstante la violencia generada y las amenazas constantes a los dirigentes opositores, la pretensión del FUDIE es rechazada por la Federación Unificada de Campesinos de Espinar y la Federación de Campesinos de la cuenca Cañipia. Los campesinos que nacieron y viven en el campo son testigos de la transformación de sus comunidades por los convenios de colaboración desarrollados por la minería. Con los fondos provenientes de la minería se ejecutan importantes proyectos agrícolas, ganaderos, acuícolas, de forestación e hídricos. Los campesinos se oponen abiertamente a la pulverización de los fondos de los convenios. Con la entrega de los bonos solidarios no habría presupuesto para los programas de desarrollo actual, acordados mediante convenios suscritos entre los dirigentes de la comunidad y las empresas mineras. 

Para los pobladores que habitan las zonas de influencia minera, la entrega de bonos solidarios viola los acuerdos firmados entre las comunidades y las mineras. “Son acuerdos que generan empleo. Ese dinero no puede ser utilizado en consumo”, señalan los pobladores opositores al bono inventado por los dirigentes comunistas. Además, la entrega de bonos significa romper los acuerdos suscritos por los dirigentes. Días atrás, pobladores de las comunidad de Coperaque se movilizaron en Yauri y anunciaron que otras comunidades harán lo mismo “reclamando un derecho que les corresponde”. En este contexto, exigen el desembolso inmediato de S/ 50 millones –suma que después fue rebaja a S/ 30 millones–, monto calculado para cubrir el denominado bono de solidaridad proveniente de la minería. 

Los supuestos bonos solidarios de la minería sirven para enfrentar a la población y las empresas mineras. Repartir dinero es la solución fácil y equivocada. Es el despilfarro en toda su expresión, en lugar de aprovechar los presupuestos en obras e intervenciones para resolver las necesidades de las comunidades.