“Capitalismo de amigos” en minería informal

Se pretende cerrar pequeñas plantas de beneficio de minerales

En un editorial anterior informamos que las renovaciones de Constancia como Pequeño Productor Minero (PPM) —renovaciones que deben realizar ante el Estado las pequeñas plantas de beneficio de minerales que le compran la producción a los pequeños mineros artesanales— están paralizadas.

La voluntad de cerrar las pequeñas plantas puede provenir de sectores dentro del gobierno que consideran que la minería en el Perú solo debe desarrollarse con la gran inversión minera al margen del aporte de los productores artesanales. Semejante opinión es elitista y representa una visión mercantilista, una idea de “capitalismo de amigos”, porque pretende excluir a otros actores empresariales. En este portal siempre hemos sostenido que esas aproximaciones, tarde o temprano, causarán graves problemas a la democracia y la economía de mercado, considerando que los mineros artesanales son alrededor de 400,000 personas.

Sin embargo también podría existir otra versión de un “capitalismo de amigos”: se pretendería excluir a las más de cien plantas formales e informales que existen en la actualidad y reemplazarlas por inversiones extranjeras promovidas por sectores del gobierno. ¿Qué liberal se puede oponer a una inversión foránea? ¡Bienvenido el capital de todas las galaxias! El problema es cuando se pretende excluir a otros empresarios, tal como sucede con las pequeñas plantas.

Entre el 5 y 7 de abril se desarrolló el evento Mines and Money Asia, the Gateway to asian capital, en el Hong Kong Convention & Exhibition Centre, en el que se presentaron diversas iniciativas del Proyecto Especial Oro Azul. El mencionado proyecto que, al parecer, cuenta con el auspicio del gobierno peruano, se propone instalar 484 plantas de beneficio que procesen entre 25 y 350 toneladas de mineral por día (TMD), para formalizar a alrededor de 480,000 mineros.

De una u otra manera el Proyecto Especial Oro Azul representaría una clara confirmación de que no es posible concebir una política nacional de minería mediante la exclusión de más de 400,000 mineros artesanales, porque la idea de instalar 484 pequeñas plantas de beneficio solo se justifica con la existencia de miles de productores artesanales que le venden su producción a estas plantas para que la procesen y extraigan oro y otros minerales. Y si el auspicio del gobierno a este proyecto existe es evidente que las cosas enrumban en ese sentido.

Si las cosas son así, ¿por qué se pretende excluir a las actuales plantas de beneficio? Nadie lo entiende. Las más de cien pequeñas plantas formales e informales procesan 2,500 TMD para extraer oro. Un gran compañía minera procesa cerca de 540,000 TMD. ¿Se necesita discutir qué empresa es grande o pequeña? Algo más. El artículo 91 de la Ley General de Minería establece que se considera pequeño minero al productor que procesa hasta 350 toneladas/día.

La animadversión contra las pequeñas plantas no es un asunto teórico. La sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo 1336 establece que “el titular de la concesión de beneficio, así como aquel que cuente con autorización de inicio de actividad de beneficio, no puede ser acreditado como pequeño productor minero o productor minero artesanal, según corresponda, en tanto adquiera minerales de terceras personas para su procesamiento”.

Si se prohíbe comprar mineral a terceros, entonces, tienes que tener tu propia mina y tu propia planta. Es decir, gran inversión. Sin embargo el Proyecto Especial Oro Azul, auspiciado por el gobierno, se propone instalar 484 plantas que procesen entre 25 TMD a 350 TMD. Es evidente que una planta tan pequeña no puede tener su propia mina.

Las cosas, pues, empiezan a aparecer demasiado claras. En el Perú hay sectores que todavía creen que pueden desarrollar un “capitalismo de amigos”, mediante la exclusión de algunos y la promoción de otros. El mercado y la libertad económica, por el contrario, solo tiene una regla: igualdad de oportunidades para todos.

Las actuales plantas de beneficio del Perú sufren todo tipo de agresiones y presiones de diversas entidades del Estado: desde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, hasta la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), entidades que priorizan la fiscalización y las sanciones antes que la formalización.

Si estas voluntades de excluir prosperan, luego no lamentemos que uno de los movimientos sociales más poderosos, procapitalista y proempresarial, termine bajo la protección de proyectos antisistema. Veremos.