Caída significativa de la inversión minera en el Perú

El Banco Central de Reserva del Perú proyecta que la inversión privada descenderá en más de 18% en el presente año, sobre todo, por la falta de nuevas inversiones de gran magnitud. Después del megaproyecto de Quellaveco no se conoce de nuevos emprendimientos.

La disminución de la inversión minera no solo representa una preocupación para la industria extractiva, sino que también tiene un impacto directo en la inversión privada en general, siendo uno de los principales factores detrás de los resultados negativos que ha experimentado la inversión privada en lo que va del año. Después de una contracción del 11% en el primer trimestre y del 8% en el segundo, las previsiones apuntan a una ligera recuperación, aunque se estima que la inversión privada podría cerrar el año con una caída de más del  5%, según el consenso de analistas. La recuperación de la inversión minera, que representa aproximadamente el 11% del total de inversión privada en el país, será esencial para alcanzar estas cifras.

Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas durante los años 2016 y 2017, ha expresado su preocupación al respecto: "Estamos sufriendo la ausencia de proyectos de clase mundial. No hemos sido capaces de atraer nuevas inversiones grandes, solo hay inversiones de ampliaciones o medianos proyectos". Iván Merino, también exministro de Energía y Minas, señala la falta de "predictibilidad" en Perú y las constantes protestas sociales como factores que ahuyentan o retrasan las inversiones. Sin la llegada de nuevos proyectos significativos, el país corre el riesgo de perder la oportunidad de aprovechar la creciente demanda global de cobre, debida a la transición energética, a pesar de los esfuerzos por reducir los conflictos sociales y simplificar los trámites para aprobar nuevos proyectos.

Es innegable que la caída en la inversión minera se ha visto influenciada por el contexto político y las políticas gubernamentales. Las medidas anunciadas por el Gobierno de Castillo, como la convocatoria a una asamblea constituyente y la nacionalización de ciertas industrias, han generado incertidumbre en el sector empresarial, lo que a su vez ha afectado la inversión. No obstante, es importante destacar que la sobrerregulación en la industria minera se ha convertido en gran obstáculo para la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos desde mucho antes. En los últimos seis años, la exploración minera a nivel mundial ha experimentado un crecimiento del 65%, mientras que en Perú este crecimiento ha sido de tan solo el 5%. Este contraste plantea interrogantes sobre la viabilidad económica de mantener una regulación excesiva en el sector.

Según se señala en un artículo reciente del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú (IIMP), actualmente en el país nos encontramos con una inversión en la exploración minera que llega solo al 3.9% del total global, cuando antes alcanzábamos un 4.7% y mucho antes los gobiernos pedían obtener el 8%. Esto se debería a que las empresas que desean hacer exploraciones deben esperar hasta dos años para obtener los permisos ambientales, a lo que se suma la consulta previa que se realiza a las comunidades, con lo que dicho plazo puede ser aún mayor.

Al respecto Walter Tejada, gerente de Exploraciones de BHP Metals Exploration-Perú, indicó que los procesos burocráticos para obtener las referidas autorizaciones son tediosos y el país debe apuntar a la competitividad. “La competitividad es importante, estamos en el puesto 69 de 84 países para el índice de políticas públicas de inversión del Instituto Fraser. Antes nos ubicábamos entre los 10 o 20 primeros. Esto definitivamente impacta en la inversión”, indicó Tejada.

La influencia de corrientes políticas y movimientos ideológicos también ha desempeñado un papel en la sobrerregulación de la industria minera. Durante años, las corrientes comunistas, neocomunistas y progresistas han promovido narrativas que buscan estigmatizar a las empresas mineras como agentes de contaminación ambiental. Sin embargo, el tiempo y los hechos han demostrado que muchas de estas afirmaciones son infundadas o exageradas. Esta ofensiva ideológica ha contribuido a la creación de esas sobrerregulaciones. Un ejemplo notorio es el incremento del número de entidades gubernamentales vinculadas a la actividad minera, que ha pasado de siete en 1990 a más de 30 en la actualidad. Asimismo, los procedimientos administrativos relacionados con la minería se han multiplicado de manera significativa en las últimas dos décadas, pasando de 12 en 2001 a más de 265 en la actualidad. Esta proliferación regulatoria ha tenido un impacto negativo en la inversión y la exploración minera en el país.