El Perú, en términos institucionales y económicos...
La extensión de la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360) todavía está detenida en el Congreso de la República. La Ley, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, es un buen ejemplo de flexibilización laboral. En 18 años ha logrado reducir la pobreza en la costa agrícola, del 67% a 19%, así como también los niveles de desempleo e informalidad. Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), los niveles de formalidad laboral en Piura se han elevado, de 3% en 2001 a 32% en 2017; y en Lambayeque, de 25% a 34% en el mismo periodo. Asimismo, los salarios de los trabajadores agrarios han mejorado: hoy son, en promedio, S/ 1,423. Por encima de la Remuneración Mínima Vital (RMV).
En el Congreso la ampliación de la Ley ha sido consensuada por la mayoría de parlamentarios. Las principales modificaciones son la vigencia hasta solo el 2024, la ampliación de las vacaciones de los trabajadores a 30 días y el incremento del aporte a EsSalud del 4% al 6%. Pero los congresistas del Frente Amplio y Nuevo Perú, sin tomar en cuenta los resultados sociales y económicos producidos por la Ley, han presentado diversos proyectos buscando su anulación. Insisten en los “derechos laborales ganados”, estabilidad laboral y sueldos mínimos, que han conducido a la pobreza a los trabajadores peruanos.
La izquierda niega el incremento del empleo en el sector agrario, de 462,000 trabajadores en 2004 a 809,000 trabajadores en 2017. Todos ellos cuentan con todos los derechos laborales establecidos por la ley. La izquierda peruana es, entonces, la enemiga número uno de los trabajadores. Insiste en mantener el mercado laboral rígido para impedir nuevas inversiones y el desarrollo de la productividad de los trabajadores. Si no hay inversiones no hay trabajo y reina el atraso, sin acceso a la tecnología o a las innovaciones.
Las actividades agrarias dependen de los ciclos biológicos de las plantas y de las temporadas de cultivo y de cosecha. En ese contexto, la contratación de trabajadores en las temporadas de siembra y cosecha es mayor que en las temporadas de mantenimiento del campo. En 18 años, la flexibilidad laboral del campo ha demostrado largamente estar asociada con el incremento de la productividad y competitividad, creación de empleo y reducción de la informalidad y desempleo.
Por la naturaleza de la actividad agraria, en constante desarrollo y riesgo, la Ley Nº 27360 debería ser extendida por más de treinta años, hasta alcanzar a los proyectos que se encuentran pendientes. En el futuro cercano, inversiones de US$ 5,000 millones podrán habilitar unas 100,000 hectáreas (ha) de nuevos territorios cultivables, gracias a los proyectos de regadío Alto Piura (Piura), Chavimochic III (La Libertad), Olmos (Lambayeque), Chinecas (Áncash) y Majes-Siguas II (Arequipa). Proyectos destinados a ampliar el horizonte agrícola y que permitirán exportaciones de hasta US$ 10,000 millones.
El Ministerio de Agricultura y Riego tiene previsto 200 proyectos de infraestructura de riego para uso agrícola, por un monto de S/ 1,750 millones. Son 102 proyectos (12 de ellos serían desarrollados por la minera Antamina), por un monto de S/ 717 millones que podrán ser ejecutados mediante el mecanismo Obras por Impuestos (OxI). Proyectos con los expedientes técnicos aprobados que sumarán hasta en 32,600 ha de nuevos territorios cultivables en 19 regiones para favorecer también a los más de 1.5 millones de campesinos, propietarios de parcelas menores de 2 ha.
La Ley de Promoción Agraria ha permitido que la palta, quinua y diversas frutas frescas y hortalizas peruanas hoy compitan de igual a igual en los mercados más exigentes del mundo, cumpliendo con todos los parámetros fitosanitarios establecidos en los tratados de libre comercio con más de 50 países. ¡Qué espera, entonces, el Congreso que no extiende la vigencia de la Ley!
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