¡A formalizar el Perú!

Representar los mercados y la sociedad en la ley

Al margen de las discrepancias sobre el tema durante el proceso electoral, la administración de PPK debería plantearse objetivos claros y precisos hacia el 2021 para avanzar en la formalización del Perú. Las cifras nos señalan que alrededor del 60% de la economía debe ser considerada informal, no obstante que hasta el 2013 el Perú crecía a tasas anuales promedio por encima del 6%, reducía la pobreza en más de 3% cada año y expandía el tamaño de las clases medias. Quizá se podría sostener, sin temor a cometer yerros, que el tamaño de la informalidad en el país desnuda la principal debilidad del modelo económico y social de los últimos 25 años: desregulación de mercados, explosión de la inversión privada; pero con la ausencia de un estado nacional y debilidad en el imperio de la ley.

La ausencia del Estado nacional en el Perú quizá tenga que ver con la manera como llegamos a desregular la economía y los mercados de la sociedad. En los noventa no alcanzamos la desregulación como la expresión de un consenso nacional acerca del fracaso del Estado empresario —del proteccionismo, del control de precios y de las políticas populistas—, sino porque el estatismo inaugurado por el velascato estalló en pedazos, se desató la hiperinflación, y proliferaron los mercados negros y el desabastecimiento. Llegamos, como se dice, porque no había otra.

En este contexto solo se crearon algunas islas de eficiencia estatal: el Banco Central de Reserva, la burocracia del Ministerio de Economía y la Superintendencia de Banca, entre otras entidades. Pero en general se demolió el viejo Estado y no se construyó otro nuevo y, de una u otra manera, la institución, el burócrata, improvisó con las viejas prácticas del sistema colonial. Y si le agregamos la regionalización, entonces tenían que surgir 24 entidades que se dedicaron a reeditar todos los vicios del estado centralista.

¿Cómo entonces puede existir una economía y una sociedad formal si el Estado está ausente? No es posible algo diferente. En este horizonte, a pesar del crecimiento y la reducción de pobreza, se consolidó la existencia de un Perú formal y oficial, y otro real e informal. Hablar de dos sociedades entonces no es una exageración, y la idea de dos países no solo atraviesa la economía, sino también el espacio público y la representación política.

Ahora bien, detrás de la ausencia del Estado y de la reproducción de las viejas prácticas coloniales está la filosofía que convierte a ley en un fetiche. Es decir, la ley es “el reino de la perfección y la justicia”, en tanto que la informalidad es “el universo de la trasgresión y la criminalidad”. Semejante aproximación a la ley es una de las murallas que nos impide construir un nuevo Estado nacional y desarrollar un contrato social.

Con semejante enfoque, el informal que se niega a pagar un impuesto —porque es la única manera que tiene para preservar su capital y los ahorros de su vida— es calificado de delincuente. A nadie se le ocurre pensar en el ciudadano que ejerce la desobediencia civil ante una mala ley, como alguna vez lo hicieron Martin Luther King y Gandhi. Con esos argumentos los empresarios de los mercados populares son demonizados y el Estado se convierte en el principal enemigo de la formalización.

De alguna manera quienes defienden el fetichismo de la ley le hacen el juego al narcotráfico y a las economías ilegales, porque el dinero oscuro necesita la existencia de dos países, de dos sociedades, de dos economías, para desarrollar sus estrategias de lavado de activos. Un Perú formalizado entonces se convertiría en el mejor programa para terminar con la injerencia de las economías ilegales en la sociedad, el Estado y la política del país. Pero, sobre todo, un Perú enrumbado a la formalización demostraría que las élites políticas han entendido que no se puede alcanzar el desarrollo si el contrato social y la ley no expresan las sociedades de mercado populares que han terminado derrumbando el viejo Estado centralista que lo regulaba todo.