Venezuela: el silencio es complicidad

La última encuesta de la empresa internacional Meganalisis, realizada en marzo de este año, proyecta la intención de voto del pueblo venezolano. A cuatro meses de los comicios presidenciales, la candidata socialdemócrata, María Corina Machado (MCM), cuenta con 69.1% de las preferencias y el dictador Nicolás Maduro escasamente con 7.4%; una diferencia de casi 10 a 1. 

La misma encuestadora indica que el personaje con mayor credibilidad y prestigio es MCM, con 72.3%. Lo sigue Maduro, que alcanza 6. 6%; luego el también opositor Henrique Capriles, con 3.1%, mientras el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, queda reducido a la nada: 1.1%. Otro dato interesante que consigna el estudio de opinión pública es que 88.5% de venezolanos consideran que el régimen solo ha traído "mal vivir, desesperanza, separación familiar y pobreza", después de 25 años en el poder. Más aún, si Maduro gana las elecciones (solo podría hacerlo fraudulentamente) el 37.7% se iría del país; un 47.2% no sabe o no precisa y 15.1% continuaría radicando en la patria del Libertador.

Este último dato es revelador considerando que, según las Naciones Unidas (ACNUR), 7.7 millones de personas han migrado y todos los días centenares continúan su amargo camino al autoexilio, huyendo de un infierno socialista que los ha conducido a la miseria, la insalubridad y el desempleo. A lo dicho se suma la represión e inseguridad provocada por militares y por la policía bolivariana que, además, cuentan con el respaldo del Tren de Aragua, una multinacional del crimen que golpea al Perú, Chile, Ecuador y Argentina.

¿Qué hacer, entonces, frente a la inhabilitación de MCM? Primero, el gobierno peruano debe levantar la voz de protesta como ha hecho Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y las 27 naciones que integran la comunidad europea. 

Segundo, anunciar que no reconoceremos el resultado electoral sino participa la vetada MCM porque hacerlo sería convalidar una farsa.

Tercero, reducir nuestras relaciones diplomáticas al encargado de negocios o al ámbito consular debido a que no podemos tener relaciones plenas con una dictadura que apela al fraude para aferrarse al poder.

Cuarto, demandar una reunión del Consejo Permanente de la OEA para que el cuerpo de embajadores acreditados en Washington escuche a MCM.

Quinto, exigir a los organismos multinacionales de crédito (BID,CAF,FMI, Banco Mundial) que no otorguen préstamos a Venezuela hasta que el Tribunal Electoral autorice la candidatura de MCM. 

Son las acciones mínimas que esperamos de la política exterior del Perú, que no puede abdicar de la defensa de principios y valores vinculados a la democracia republicana, la libertad y los derechos humanos.