Vacancia desnaturalizada

La última moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente fue presentada por 76 representantes a la Mesa Directiva del Congreso, pero solo obtuvo 55 votos conformes, tras su debate y votación final. Lo ocurrido nos lleva a pensar que el procedimiento de vacancia ha devenido en un medio de aprovechamiento por un puñado de parlamentarios para que, cada vez que sea propuesta por la oposición, con cálculo se echen para atrás al momento de su votación por el pleno. 

Cuando la presencia de un jefe de Estado se torna políticamente insostenible para el ejercicio del cargo por presunta conducta delictuosa, conflicto de intereses o por actos que revelan una falta de transparencia, si no decide presentar su renuncia conduce a la decisión congresal para iniciar un procedimiento que logre su vacancia. Se trata de una institución de naturaleza excepcional como respuesta a una convicción parlamentaria sobre claros indicios de corrupción en el entorno más cercano del Presidente. En ese sentido, cuando la intención de vacar demanda madurez política, al plantearse bajo una coyuntura excepcional, la sospechosa declinación de 21 congresistas en la votación del pasado lunes 28/03 ha devenido en un instrumento desnaturalizado para poner verdadero fin a una grave crisis política.

Al pacto de sobrevivencia del gobierno con un grupo de parlamentarios de diversas bancadas, que se aprecia cada vez que se inviste un gabinete ministerial integrado por personas con cuestionamientos personales y profesionales, se suma la vacancia presidencial que ha quedado convertida en un mecanismo de extorsión política a cambio de la aprobación de obras públicas en regiones y municipios del interior. Por eso, si la vacancia se admite con 76 votos, al menos su rechazo debería culminar con la misma votación con la que fue admitida, sin congresistas que declinen al final.     

En lo que resta del mandato presidencial, a la oposición política le queda conservar su papel fiscalizador a la gestión de los miembros del gabinete, interpelarlos cada vez que sea necesario hasta censurar a cada ministro que considere inapto para el ejercicio del cargo. Es decir, exigir la responsabilidad política individual para que no compute con la causal que habilita la disolución parlamentaria prevista en la Constitución (artículo 134 CP).