Unas de cal, otras de arena

Sobre la errática política de seguridad ciudadana y el proyecto de uso de armas civiles

La actividad delictiva en el Perú crece día a día, se especializa y se vuelve más violenta. Cualquier estudioso serio levantaría la ceja frente al irresponsable alarde mediático que vemos en estos días respecto al problema. Las victorias se narran una vez producidas, no se anuncian por anticipado, salvo que el objetivo sea embaucar ingenuos mientras se pierde las batallas. Pero no es esta una tribuna para hablar de farándula circense.

Sería ingenuo creer que hay verdadera preocupación por la inseguridad en un gobierno que, teniendo el dinero, prefiere gastarlo en dudosas compras militares y dañinos programas populistas mientras se resiste a dictar las normas presupuestales imprescindibles para eliminar en 30 días el 24x24 y la inmediata reorganización de la PNP y el INPE. El Poder Judicial y el Ministerio Público son las otras dos piezas esenciales desde el lado estatal.

El tiempo de formación policial no garantiza mejores policías, pero el apresuramiento en otorgar prematuramente el ejercicio formal de poder a jóvenes novatos es garantía de problemas mayores en el futuro.

Una red de semáforos computarizados, controlada por las alcaldías provinciales sería menos costosa y menos humillante para el policía que plantarlo como ineficiente semáforo humano. El serenazgo bien puede tomar nota de las infracciones. Se eliminaría de paso la principal  corrupción policial cotidiana.

Pero en la solución de la inseguridad se deben abordar las facetas relacionadas a las herramientas que los ciudadanos adoptan legalmente para protegerse. Un gobierno decente está obligado a no entorpecerlas, so riesgo de que crezca la sospecha de complicidad.

En este campo, tras las flagrantes infracciones de la Constitución en la legislación vigente y algunas propuestas descabelladas en el proyecto original de SUCAMEC, la luz parece venir aflorando de la discusión en el Congreso y aprobado el pre dictamen en la Comisión de defensa. Si el diablo no mete la cola en el pleno del Congreso y hace parir un Frankenstein, estaremos al fin ad portas de una ley en materia de armas de uso civil bastante razonable, que sin ser perfecta, nos pone a la cabeza de la región, tanto en términos de registro y control como en respeto a los derechos del ciudadano honesto. Tocará al Ejecutivo dar la talla, en celeridad y coherencia y funcionalidad con un reglamento que ponga de una vez fin a los abusos de los últimos 3 años que solo han conseguido generar peligroso trasvase hacia la informalidad

En la misma línea, tocará después discutir y promulgar una ley de seguridad privada que, acorde con las necesidades de la sociedad, controle sin entorpecer, los indispensables servicios privados de seguridad.

Hace falta un estatuto que regule la función supletoria que la ley les otorga, que incluya las hoy inexistentes consideraciones taxativas para el uso  legítimo de la fuerza en defensa de personas o instalaciones estratégicas,  que racionalice los procesos burocráticos que atentan hoy contra el derecho al trabajo en su afán de generar caja. Un ley así descargaría la demanda de policías de franco y las ilegales ¨escoltas policiales ¨  privadas.

Ojalá.

Por Dardo López Dolz
(03 - dic - 2014)