Una vacua promesa política

Existen grupos políticos que han construido un mito en torno a una entelequia que se denomina Estado, según el cual representaría los intereses de toda la nación, ergo, debería crecer ilimitadamente. Cierto es que el Estado se apropia legítimamente de parte de la riqueza generada por los ciudadanos a través de los sistemas de tributación. 

A cambio, el Estado debe proveer seguridad interna y externa, justicia y participar supletoriamente en las actividades económicas. ¿Por qué? porque la participación del estado en actividades de interés de los privados resulta una competencia desleal. 

Imagínese, estimado lector, que usted con gran esfuerzo ha ahorrado un capital y decide instalar una bodega; usted creó su propio empleo y vio como poco a poco su negocio empieza a dar frutos. Al poco tiempo, un funcionario del Estado decide colocar un negocio similar; pero sin arriesgar su capital, sino el de todos los peruanos, porque él no cogerá un sol de su propio bolsillo. Tampoco tiene mayor interés en que la “bodega pública” funcione de manera adecuada; total, gane o pierda, sea eficiente o no, su sueldo no estará en juego.

Bajo el mito del Estado, los grupos que acceden a la administración estatal deciden sobre el destino de nuestros tributos; ellos solo recaudan. El resultado de la implementación del mítico Estado en el Perú y en los países donde fue implantado es que se genera una carga impositiva cada vez más grande que termina por asfixiar a los productores de la riqueza hasta empobrecerlos, tal como ha sucedido en aquellos países que siguieron dicha receta.

Quienes están a favor del fortalecimiento del Estado interventor manifiestan que el sistema de acumulación de capital no ha satisfecho las expectativas de la población. Tampoco, que se haya consolidado una burguesía nacional que fomente el desarrollo del mercado interno, según ellos, el obstáculo principal sería la entrega de las principales fuentes de riqueza al capital transnacional.

Los promotores del Estado paquidérmico no toman en cuenta que la pretensión burocrática de tomar el control de la economía llevará al fracaso al país por las siguientes razones: i) cada actividad económica demanda un nivel de conocimiento adecuado, ii) experiencia en la administración, iii) visión sobre las metas y objetivos que se desean alcanzar en el más breve plazo posible, y, iv) la pulsión del emprendedor, que es la motivación que los lleva a hallar oportunidades en el mercado de consumidores. Por lo tanto, la suma de todas estas prácticas hace que la sociedad mejore su nivel de bienestar porque se hace más eficiente y productiva, incorporando creatividad e innovación. A estos emprendimientos, la sociedad otorga reconocimiento y estímulo económico como mecanismo eficiente de asignación de recursos. 

Toda persona –ya sea que cumpla funciones en el sector público o privado– está sujeta a lo que se denomina el Principio de Peter: “Todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia”, propuesto por Lawrence J. Peter y Raymond Hull en 1992. Por ese motivo, resultan ineficientes las políticas que promueven la estabilidad absoluta, pretendiendo que las personas actuarán de manera “óptima” a lo largo de su espacio vital. Las personas tienen diferencias; por consiguiente, quien trabaja en función a su instinto de supervivencia le interesará más el mantenimiento del statu quo, la zona de confort. En esta perspectiva, les resulta ideal un estado proteccionista. 

Por ejemplo, cuando un profesor de escuela pública es capacitado reiteradas veces, evaluado y no logra la calificación mínima requerida para permanecer en el magisterio; sin embargo, es ratificado en su misma posición por acuerdos políticos, los que resultan perjudicados directamente son los educandos, porque recibirán una deficiente formación, comprometiendo su potencial y las oportunidades que se les presenten a futuro. 

En conjunto, pierde la sociedad. Una deficiente formación terminará garantizando la recreación de la pobreza intergeneracional, porque cuando el joven esté en edad de trabajar no contará con las competencias que le permitan alcanzar un nivel de productividad que sea recompensado de acuerdo a sus expectativas; en concordancia, su nivel de insatisfacción será alto, así como su propensión a elegir opciones electorales que les ofrecen proveerles desde el estado aquello que no pudieron lograr por sí mismos. Del mismo modo, serán más proclives a participar en acciones que incrementan la conflictividad social y, algunos de ellos podrían recular hasta acciones violentas, como sucedió en los años ochenta del siglo pasado.

Tengamos presente que quienes poseen menos capacidad para comprender lo que leen o se les informa, verán limitada su posibilidad de realizar un análisis de costo/beneficio y hallar una oportunidad que podría resultar relevante para él, su familia, su ciudad, su comunidad, distrito, provincia, región o el país en su conjunto. Dicha oportunidad es casi siempre representada por la actividad minera.

Históricamente, ampliar el ámbito de acción del Estado ha terminado por anular o adormecer la libre iniciativa de la ciudadanía, en consecuencia, las ganas de emprender. Si no, preguntémonos por qué un emigrante suele alcanzar mayores niveles de bienestar en un país donde existe mayor libertad económica que en los regímenes con sistemas controlistas de la economía. Tengamos presente que la burocracia, por más competente y eficiente que sea, nunca podrá reemplazar al mecanismo diseñado para generar riqueza al interior de una organización empresarial privada, porque ésta incorpora constantemente conocimiento e inclusive lo genera porque responde al estímulo de maximizar el beneficio por medio de la mejora continua. 

¿Por qué es conveniente la inversión extranjera? Porque marca la pauta a seguir en los indicadores de competitividad. El empresario nacional que se encuentra circunscrito al mercado local no puede expandirse, en cambio, sí debe enfrentar la competencia internacional buscará sobreponerse y expandirse para aprovechar las oportunidades del ámbito internacional. Si como se afirma, se quiere efectivamente consolidar una burguesía nacional, sería un error establecer un sistema de protección arancelaria o algún otro privilegio porque promueve el mercantilismo.

En virtud que los capitales del Estado son limitados, en adelante, el éxito empresarial se logrará en función a qué tan cerca del poder se encuentre su titular en lugar de basarse en la eficiencia; por esa razón, muchos empresarios nacionales quebraron en los noventa del siglo XX, porque el estado exhausto, quebrado, tuvo que abrir las fronteras a la competencia internacional, unos cerraron sus empresas ineficientes, pero muchos otros se adaptaron y lograron beneficios en el intercambio global, por esa razón siempre será conveniente suscribir tratados de libre comercio, que más allá de los candados que se establecen, estos últimos operan para ambas orillas.

¿Queremos imitar el éxito de Corea del Sur en condiciones de libertad o reproducir la experiencia de estados coercitivos en las dimensiones sociales, económicas y políticas, como sucede en Corea del Norte o en otros países latinoamericanos? Ciertamente, la inversión extranjera muestra interés en las principales potencialidades del país, al igual que lo habrían hecho nuestros empresarios si hubiesen contado con los estímulos adecuados para desarrollar el mercado local. 

En el Perú de los años setenta, el Estado optó por copar casi toda la actividad económica, generando ineficiencias en una multiplicidad de empresas estatizadas, las cuales fueron adquiridas mediante financiamiento externo, endeudando el país; inclusive, las empresas en manos del estado –que se suponían generarían riqueza para todos los ciudadanos– tenían pérdidas que fueron financiadas a través de la emisión inorgánica de la moneda nacional (tengamos presente que un sol actual equivale a mil millones de los antiguos soles), Esto hizo que la hiperinflación alcanzara 7,650% en 1990, lo que sumado a las acciones subversivas, la inestabilidad social y la crisis de la deuda externa (que tarde o temprano hay que pagar) produjeron la implosión del aparato estatal. Ahora, ¿queremos repetir esta experiencia?

En el caso de la minería, se habla de la “entrega de las principales fuentes de riqueza al capital transnacional”. Al respecto, afortunadamente, el Perú es un país poco explorado y alberga una infinidad de riquezas naturales que brinda oportunidad a nacionales y extranjeros para transformar la riqueza natural en riqueza monetaria. En consecuencia, el desafío es cómo hacemos para generar mayores recursos económicos que nos permitan elevar la producción y la productividad del país.

Ahora que se habla de incrementar las tasas impositivas a la minería o crear nuevos impuestos, las autoridades deberían reflexionar sobre la conveniencia de establecer estímulos para incrementar la capacidad productiva, fomentando la inversión, la generación de empleo y la real y efectiva reducción de la pobreza. Un Estado debe promover la generación de bienestar entre sus ciudadanos. Y la manera más eficiente de lograrlo es atraer la inversión (nacional y extranjera) y no como hasta ahora se ha hecho, generar desconfianza en la moneda nacional, impulsar la subida de la inflación y elevar el tipo del cambio en desmedro de los salarios y a favor del dólar estadounidense.