¿Un Senado o un cenáculo?

El primer debate en la Comisión de Constitución del Congreso sobre los proyectos de reforma política planteados por el presidente Vizcarra ha dejado en claro que, si se quiere tener una buena representación nacional, es inevitable aumentar el número de representantes, en una eventual modificación de un régimen bicameral a otro bicameral. El quid de la cuestión es cómo convencer a la ciudadanía de semejante cambio.

El Perú, en Latinoamérica y el mundo, es uno de los congresos que menor cantidad de parlamentarios tiene. Chile tiene la mitad de la población del Perú, pero su parlamento cuenta con el doble de representantes que nuestro país; exactamente lo mismo sucede  con Uruguay que tiene una reducida población, pero casi el triple de representantes que el Perú. Mientras que en Ecuador y Costa Rica cada parlamentario representa a 96,624 y 61,403 ciudadanos respectivamente, en el Perú esa cantidad era de 208,333 ciudadanos cuando se creó el sistema unicameral en 1993. Ahora esa cifra se ha elevado a casi 250,000 ciudadanos por cada parlamentario, como efecto del crecimiento poblacional.

Tienen razón aquellos parlamentarios que en la Comisión de Constitución han criticado ácidamente la propuesta del Ejecutivo para crear una Cámara Alta de 30 senadores, que más parecería un “cenáculo” en lugar de un Senado. Es obvio que si el Senado que funcionó hasta el año 1992 tenía 60 senadores, ahora —por una elemental lógica y cálculo matemático de representación— debería tener mayor cantidad, situación que igualmente debería ocurrir en la Cámara de Diputados. Todo indica que lo razonable sería que por cada representante exista en promedio 140,000 pobladores.

No es cierto que el sistema unicameral haya sido más barato para el país. Es exactamente al revés. Mientras que el año 1993, cuando se cambió el régimen bicameral por el unicameral, en el parlamento había 850 trabajadores, esa cifra ha aumentado hasta una cantidad aproximada de 2,300 trabajadores hasta hoy. El costo ha sido mucho mayor por el hecho de que la producción legislativa se ha devaluado y la calidad de la representación nacional se ha venido abajo, con la secuela de casos de parlamentarios comprometidos con casos de corrupción, relaciones con el narcotráfico y sentencias por diversa índole.

En un eventual referéndum, el desafío sería explicarle a la población que los costos de tener un sistema parlamentario de una cámara única son altamente mayores que un régimen de dos cámaras, en vista de que la calidad legislativa aumentaría y también la labor de representación y de fiscalización. Esos costos serían mayores si se le quitan al Congreso los diversos privilegios para tener un manejo presupuestal absolutamente discrecional, que es precisamente lo que ha dado lugar a una cargada planilla laboral y diversos gastos que no tienen topes.

La otra decisión consiste en diferenciar la forma de elección para la cámara de diputados y la de senadores. Mientras que la elección de cámara baja debe realizarse por los mismos distritos electorales con que a la fecha se viene realizando, en el caso de Lima, la situación amerita crear por los menos unos cinco distritos electorales (Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y Lima Centro), con el propósito de mejorar la representación capitalina en el Congreso.

En el caso de la Cámara de Senadores, la fórmula planteada por el Ejecutivo parece la más adecuada; es decir, que los representantes de esa cámara alta sean elegidos en Distrito Único Nacional y bajo un sistema de lista cerrada, anulándose de esta manera el voto preferencial. Sin embargo, la prohibición del voto preferencial, por lista cerrada, debería tener la condición de auténticas elecciones primarias, con democracia directa, bajo el principio de un militante un voto y con la organización de la ONPE de esos comicios primarios en un solo acto nacional. Si esto se logra, en el fondo, el voto preferencial se traslada a los escenarios internos de cada partido, donde incluso por la fórmula de participación abierta los ciudadanos simpatizantes de una determinada tendencia sí tendrían la opción de escoger a su mejor candidato, sin necesidad de ser militantes del partido.

No debemos olvidar que con el sistema de voto preferencial —además de ser un mecanismo perverso, porque ingresan parlamentarios de dudosa calidad y comprometidos con casos de corrupción— históricamente solo el 40% de los electores que votan por una fórmula presidencial hacen uso de ese derecho para votar por candidatos al parlamento. En consecuencia, la demanda ciudadana de elegir al candidato de su preferencia debería trasladarse a las elecciones primarias, pero en el marco de la generación de una verdadera comunidad de partidos políticos. Si las elecciones primarias se realizan en todos los partidos en una sola fecha, como ocurre en otros países, el voto preferencial migraría de la esfera abierta, donde muchas veces es utilizado por el poder del dinero, hacia la esfera de una verdadera comunidad de partidos políticos. Es algo que se practica con mucho éxito en Argentina desde el 2009.