Tiempos de corrupción e injusticia

Evitar escribir sobre el caso Rolex parece imposible. Luego de 20 días ocupando titulares y redes sociales, vemos un nivel cada vez más bajo en la clase política peruana. Perdimos la calidad de nuestros políticos de antaño, reemplazados por improvisados y corruptos sedientos de protagonismo. Evitemos las cortinas de humo que solo desprestigian la imagen del Perú, mermando la credibilidad y despertando la preocupación internacional, para pensar en nuestro futuro

Estamos atrapados en un espiral, en una pugna constante entre los poderes del Estado, dejando al descubierto las grietas del sistema democrático. Desde 2016, las sucesiones presidenciales, cambios de liderazgo, disolución del Congreso y crisis políticas no han dejado de erosionar la confianza del pueblo peruano en sus instituciones, pero el problema se gesta tiempo atrás. El deterioro se inicia con la toma del sistema electoral y continúa con el control de las instituciones judiciales. Esa es la receta de los gobiernos autoritarios para convertirse en dictaduras como Cuba, Venezuela, Nicaragua y recientemente Bolivia.

La disolución del Consejo Nacional de la Magistratura, manipulando la opinión pública durante el referéndum de 2018 y los métodos de Martin Vizcarra para crear la Junta Nacional de Justicia (JNJ) son una muestra de estas agendas. Por ello no llama nuestra atención que la JNJ se niegue a acatar las decisiones del Congreso, mostrando un desafiante desprecio por el Estado de derecho.

El desafío a las autoridades democráticas refleja profundas fracturas en el sistema judicial y los poderes del Estado. La destitución apresurada de la Fiscal Suprema Patricia Benavides, basada en investigaciones sin fundamentos, con la clara injerencia de organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL), devela una red de corrupción y manipulación que sigue extendiéndose. A estas organizaciones no les interesa defender los derechos del pueblo, buscan extender su poder a expensas del progreso y la estabilidad del país.

Las decisiones judiciales parcializadas, influenciadas por grupos de interés, demuestran la existencia de agendas políticas ocultas, planteando serias preocupaciones sobre la integridad, independencia y capacidad para administrar justicia imparcialmente. Genera desconfianza, socavando nuestras instituciones, enviando señales de alarma a la comunidad internacional sobre nuestra fragilidad democrática.

La inestabilidad política y escándalos que sacuden al gobierno, como el caso del ex primer ministro Alberto Otárola y la reciente controversia con la presidenta Dina Boluarte, solo exacerban la crisis política y moral en el Perú. La revelación sobre la colección de joyas y Rolex no declarados que posee Boluarte denota insensibilidad, mostrando signos exteriores de riqueza en un país donde la pobreza sigue en aumento.

La falta de transparencia y la negativa de Boluarte a rendir cuentas solo alimenta la desconfianza y descontento entre la población. Pero no podemos permitir la prepotencia de la fiscalía con la anuencia del poder judicial e injerencia de organizaciones que promueven la inestabilidad política. Estas crisis ahuyentan las inversiones locales y extranjeras, impulso con el que podríamos combatir la pobreza.

Nuestra imagen internacional está en juego. No podemos mostrarnos como una "república bananera" marcada por la corrupción, inestabilidad política y sin orden institucional. La agenda oculta de organizaciones como IDL cierra las puertas a las inversiones y perpetúa el ciclo de pobreza y desigualdad que afecta a millones de peruanos. Es imperativo que los líderes políticos busquen restaurar la confianza en las instituciones democráticas, fortaleciendo el Estado de derecho para garantizar un futuro justo y próspero. Es hora de tomar acciones para salvar el tejido moral y político del Perú.