Sin contrato social

¿Recaudar tributos sin comprometerse a cuidar el orden no es informalidad?

Dice Jean-Jacques Rousseau: “Siendo todos los ciudadanos iguales por el contrato social, todos pueden prescribir lo que es deber de todos, pero ninguno tiene el derecho a exigir a otro que haga lo que él no hace. Es este, propiamente, el derecho indispensable para la vida y movimiento político”.

Por el pacto social pretendemos organizar nuestra existencia y nuestra representación política. Pactamos entre las partes condiciones por medio de las cuales la una se obliga a mandar y la otra a obedecer, pero ambas partes contratantes están sujetas al mandato de la ley. Como cualquier contrato comercial, el pacto social supone un compromiso mutuo con obligaciones recíprocas para ambas partes. El incumplimiento del compromiso por una de las partes redime a la otra del cumplimiento de la suya.

Escuchar declarar al ministro Daniel Urresti que la sostenibilidad del desalojo de los ambulantes de la Av. Aviación y de Gamarra es responsabilidad de los municipios de Lima y La Victoria es declarar la informalidad del gobierno. Se rompió el principio de reciprocidad. En La Victoria el gobierno recauda en tributos mil millones de dólares anuales, y no cumple con su parte; no paga la factura que cuesta producir esta riqueza.

La seguridad de Gamarra requiere una fuerza combinada de policías y serenos, en cantidad suficiente para controlar la invasión diaria de los ambulantes. Es ridículo controlar 34 manzanas con veinte hombres.

El emporio de Gamarra tiene dos entradas principales: una por la que ingresan los vehículos y la otra por la que lo hacen los peatones (además de la estación Gamarra). La gente tiene que cruzar Jr. Huanuco por el Jr. Unanue sorteando a los  micros y taxis que se disputan agresivamente los pasajeros y no dejan más de pocos centímetros de pase. No hay ningún respeto a las personas. La solución es marcar la intersección peatonal con un galón de pintura o poner un policía de tránsito que permita el cruce peatonal. Hace 15 años que en Gamarra reclamamos una solución. No entiendo cómo todos los años en Noviembre o Diciembre la policía se saca fotos por la campaña navideña delante del caos que está en sus narices. Ese día llevan hasta motos y caballos.

Me pregunto si el criticado nivel de informalidad en la economía, que supone un aprovechamiento indebido de la infraestructura pública sin tributar, se diferencia de la informalidad del gobierno que recauda sin comprometerse en sostener el orden. La Victoria aporta casi 100 millones de soles al Fondo de Compensación Municipal (FONCOMÚN) y solamente recibe de este 6 millones. ¿Deberían los empresarios de Gamarra organizarse y costear la fuerza disuasiva que impida la invasión de sus calles? ¿Acaso es la función de las empresas? También podríamos contratar el recojo de basura y la regada de los parques. ¿Es eso lo que propone el ministro Urresti?

La Municipalidad de La Victoria ha comentado mi artículo de la semana pasada (La Victoria esta en Bancarrota) aclarando que su abultada deuda de 500 millones de soles es heredada de gestiones anteriores. Es pertinente la aclaración, como también nuestro reconocimiento al gran esfuerzo desplegado por su alcalde Alberto Sánchez Aizcorbe en defensa de la competitividad de Gamarra.

Sin embargo, no alcanza con la buena gestión de las autoridades si no se reestructura la administración y si el gobierno central no deja de esquilmar los recursos generados en el distrito. Gamarra es el emblema de la pequeña empresa en el Perú. Merece que el estado cumpla su parte en el contrato social antes de insistir tercamente en mejorar los niveles de informalidad. Dicen que no hay nada más peligroso que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. El estado debe dejar de ver la paja en ojo ajeno y mirarse la viga en el propio.

Por Guillermo de Vivanco Roca Rey

30 - oct - 2014