SIDH: por deformar, se impone reformar

Como dicen en criollo, el tema del indulto a Alberto Fujimori se ha convertido en más enredado que pelea de pulpos. Y ello debido a la maléfica y malintencionada intromisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, léase Comisión y Corte de la misma denominación.

Recordando antecedentes, los sonados casos de la Cantuta y Barrios Altos llegaron en su momento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Perú cumplió al dedillo con lo establecido por ese tribunal supranacional. Y es así que procedió la justicia peruana a la investigación de lo acontecido, al procesamiento de los imputados e incluso sancionó con elevadas penas privativas de libertad a quienes se consideró responsables de los hechos delictuosos, entre ellos a Alberto Fujimori, pagando el Estado Peruano elevadas reparaciones a los familiares de las víctimas. Alberto Fujimori estuvo sufriendo carcelería varios lustros, hasta que en diciembre del 2017 fue indultado por el que fuera entonces Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski.

Bajo el pretexto de la supervisión del cumplimiento de las sentencias de los casos Cantuta y Barrios Altos, la Corte Interamericana cuestionó el indulto, pese a la elevada edad y grave estado de salud del indultado y, arbitrariamente nuestras autoridades nacionales invalidaron el indulto. En realidad, nunca se debió invalidar el indulto, que es el perdón de la pena impuesta o de la que falta por cumplir, lo que es atribución presidencial absolutamente discrecional y que no necesita ni causa ni motivación, como tampoco darse cuenta de ella (inc. 21 del artículo 118 de la Constitución).

Más aún, el perdón es definitivo, incuestionable, causa estado, no puede darse marcha atrás, pues no hay “desperdón”, y como señala nuestra Constitución (artículo 139 inciso 13, el indulto produce “el efecto de la cosa juzgada”, tema en que algunas de nuestras autoridades

se zurraron en la noticia para dejar sin efecto tal gracia presidencial. Ante el inaudito cuestionamiento del indulto y su invalidación que hizo volver a carcelería a Fujimori, se presentó acción de habeas corpus para que recobrase su libertad. Ésa acción garantista llegó hasta el Tribunal Constitucional el que dispuso la excarcelación, habiendo el expresidente

recobrado su libertad.

La Corte Interamericana ha vuelto a la carga y también bajo el mismo pretexto de supervisión de sus sentencias, cosa no prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos, ha declarado que el Perú desacató sus sentencias y que debe darle información fidedigna sobre todo ello hasta el próximo 4 de marzo.

Nuestro país a través de la Cancillería ha contestado a la CIDH, que no ha desacatado ninguna sentencia, lo cual es obvio pues las sentencias ordenaron investigar y se investigó, ordenaron procesar y se procesó, ordenaron indemnizar y se indemnizó, ordenaron sancionar a los culpables (ciertos o supuestos) y se les sancionó, cumpliendo Fujimori gran parte de su sentencia hasta que fue indultado, lo cual es factible según nuestra Constitución. No hay pues ningún incumplimiento.

Todo lo que hemos descrito está sucediendo dentro del clima que hay en nuestro país de enfado y molestia contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se está excediendo en sus atribuciones, que se equivoca con frecuencia y que buena parte de sus comisionados y magistrados tienen un sesgo contrario a los Estados y a sus fuerzas del orden.

Lo expuesto en el párrafo anterior ha generado que se tramiten en el Congreso proyectos de ley para desafiliarnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aunque el Parlamento con buen y moderado criterio ha aprobado que se nombre una Comisión de Alto Nivel para que analice la situación general y proponga las reformas necesarias al Sistema, que lo hagan recobrar su razón de ser y terminar con sus excesos, esto es que ante la acción de comisionados y magistrados de deformar el Sistema hay que confrontar con la acción de reformar.

Ojalá entiendan los comisionados y magistrados del SIDH que sus actitudes lejos de sensibilizar a nuestra población a favor de mantenernos en el Sistema, aunque con reformas, lo que hacen es dar más armas a quienes desde posiciones extremas insisten en el retiro del Perú de dicho Sistema.