Separación de poderes

Tal como lo señala la Constitución Política del Estado Peruano en su artículo 43, “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes”.

Quizá en estos tiempos de turbulencia y desconcierto es bueno señalar qué se entiende por “separación de poderes”, por qué se estableció ese sistema en el Perú y cuáles serían las consecuencias de un quiebre en ese orden de cosas. Lo que se quiere señalar es que esa forma de relación e independencia entre los poderes del Estado es absolutamente inamovible, y quebrarla significaría dejar de vivir en un Estado de derecho.

La teoría de la separación de poderes es muy antigua. A nosotros nos llega como un legado del pensamiento de Montesquieu quien entiende y expresa claramente que esa forma de organizar un Estado debe garantizar formas civilizadas de existencia, pues el equilibrio, definición y estricto respeto y cumplimiento de las áreas de competencia y responsabilidad han de ser contrapesos que, a manera del fiel de la balanza, eviten cualquier forma de extremo de poder que podría llevar a una tiranía.

Expresada o no como tal, una tiranía, temible forma de gobierno, se da cuando no existe o se debilita la división de poderes. Esa separación implica vivir en lo que conocemos como un Estado de Derecho.

Aun a pesar de las sombras políticas en nuestra historia, el Perú es y quiere ser un Estado de derecho en el que las libertades y garantías que cada ciudadano tiene se ven respaldadas por las diferentes atribuciones que emanan de la separación de poderes. Y ello nos permite tener libertad política y definirnos como un sistema democrático de gobierno. Lo que se oponga a ello solo genera confusión, desorden, violencia, postergación, crisis, atraso, pobreza y caos.

No obstante la claridad de estas ideas y principios, pareciera que estamos por amanecer en un nuevo momento de sombras democráticas y jurídicas. El Poder Ejecutivo da muestras de intromisión en otros poderes y se arroga capacidades de opinión, juicios y pretensiones que exceden, desde todo punto de vista, no solo sus atribuciones, sino la requerida y necesaria separación de poderes.

Las pautas que legalmente norman las acciones y funciones de cada poder establecen que no puede uno de ellos, traspasar la delgada línea de independencia y ninguno de nuestros tres poderes, posee funciones que puedan cruzarse con las del otro. Ello garantiza el orden y la democracia.

Lo interesante de esta separación de poderes es que requiere no solo de un compromiso legal, moral y ético de quienes ostentan de manera individual o colectiva algunos de esos poderes, sino un entendimiento claro de que el ejercicio del poder no significa que las acciones de uno deben siempre satisfacer las expectativas del otro. En democracia se acepta las pautas emanadas legalmente de quien las emite, por lo que no pueden descartarse ni invalidarse las normas que emanan de alguno de los poderes del Estado.

Es aquí donde el diálogo, la tolerancia, la comunicación alturada y el respeto se convierten en exigencia de vida democrática, pues no se legisla ni se manda, ni se emite juicio para una persona o para un “gusto”; se gobierna para el mejor futuro de la patria y con apego riguroso a la Constitución Política del país. Un documento sustantivo y central que no siempre es tenido como faro y norte por todos quienes ostentan o son parte de alguno de los poderes.

Pero: ¿lo estaremos entendiendo así? ¿No se nos está infiltrando un exceso de personalismos y exabruptos que desconocen la separación de poderes?

Es muy triste y grave comprobar que hay quienes, teniendo poder, desarrollan una agenda que dista de ser nacional para ser particular, que es más irresponsable que seria, y buscan causar confusión denostando a uno de los poderes para generar una visión equivocada de sus funciones y desempeño. En este panorama, dudoso rol le viene tocando a un sector de la prensa y medios de comunicación, que desorientan más e informan menos.

Por ello, si el futuro está en juego, si el mantenimiento de la democracia se ve en riesgo, si la sombra de la tiranía y el caos asoma, es necesario tener en cuenta que la grandeza del país, solo podrá darse en el marco de la responsabilidad del cumplimiento de las funciones y la ley, y en la seriedad ética de la conducta de los ciudadanos.