Se requieren cambios en la reconstrucción

Ha transcurrido un año de ocurrido el Fenómeno de El Niño costero y seguimos comprobando que la reconstrucción, especialmente en la costa norte de nuestro país, no presenta mayor avance. Se tiene información sobre las actividades de descolmatación de ríos (mediante la modalidad de servicios y no de obras), y sobre la entrega de módulos temporales, además del destacable pero aún no implementado proyecto de Techo Propio para la Reconstrucción. Pero cabe preguntarse si estamos ante un avance que se ha debido (podido) lograr en un año.

Si bien es verdad que el actual director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) solo tiene meses en el cargo, también es verdad que la tarea de la reconstrucción va más allá que considerar a la ARCC como un órgano articulador. El proceso de reconstrucción debió ser diseñado e implementado como una política de Estado, dada la magnitud del fenómeno y la gran cantidad de gente afectada; pero sobre todo teniendo en cuenta la experiencia del pasado. Para este proceso se contó un marco legal especial otorgado por el Congreso de la República en tiempo récord —tal como la situación ameritaba— y se contó con una línea base de medición que permitía la planificación y la determinación de indicadores y metas medibles para corregir su aplicación.

Hay que tener en cuenta que el fin supremo de la reconstrucción es otorgar a las personas afectadas calidad de vida (agua, desagüe, viviendas dignas, carreteras que garanticen su conectividad, postas, colegios, etc.), pero sobre todo hacer que esa infraestructura se ubique en una zona no peligrosa —por si ocurre un nuevo fenómeno similar— y que haya sido diseñada para soportar cierto grado de intensidad, como lo demuestra la experiencia internacional. No tendría sentido rehabilitar la infraestructura en idénticas condiciones, pues ello no solucionaría el problema.

Sin embargo, pese a que los medios de comunicación han señalado —en el marco de la descolmatación de los ríos— que el crecimiento de los ríos originaría nuevamente la pérdida de estos trabajos y los recursos involucrados, hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha presentado un solo proyecto de ley que le permita corregir las posibles dificultades evidenciadas en el proceso de reconstrucción. Basta ver la demoras para suponer que son varios los problemas existentes.

Aun cuando son reiteradas las oportunidades en las cuales el presidente de la República y la premier señalan que dicho proceso presenta avances importantes, respetuosamente creemos que estas afirmaciones no se ajustan a la verdad y evidencian una casi nula voluntad política de hacer de la reconstrucción una política de Estado, minimizando su importancia.

Hace unos meses, en una entrega anterior, destacamos la necesidad de fortalecer —vía unidades delivery— los procesos y las capacidades técnicas de los servidores y funcionarios involucrados con la ARCC, a propósito de un informe que elaboró la Contraloría General de la República. En ese informe se evidenciaba la incapacidad del Estado para articular las tareas de los distintos ministerios involucrados con los gobiernos subnacionales, aunada a las carencias técnicas. Sin embargo, hasta la fecha desconocemos si desde el Poder Ejecutivo se ha logrado implementar mecanismos que reviertan dicha situación.

Por ejemplo, en el ámbito de sus competencias, la Contraloría General de la República elaboró un plan de acompañamiento para fortalecer los conocimientos y capacidades de las autoridades involucradas en la reconstrucción, evidenciando una vocación de apoyo a dicha labor, en lugar de constituirse en un obstáculo para la aplicación del control concurrente o posterior a su cargo. A diferencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), que atiende hoy una ingente cantidad de consultas e impugnaciones que se vienen tramitando, vinculadas al proceso de reconstrucción, sin que exista un plan de priorización u otro mecanismo que impida que dicha entidad se convierta en un cuello de botella respecto de los procesos de contratación necesarios para las obras vinculadas a la reconstrucción.

Este ejemplo grafica, en la práctica, la falta de priorización y la desarticulación que aún existe en el Estado en relación a la reconstrucción. Por ello consideramos que corresponde a cada entidad involucrada tener una política de priorización que converja a su vez con el Plan Nacional de Reconstrucción.

A la ARCC, le corresponde articular, recomendar ajustes y otorgar insumos para esta necesaria priorización. Sin ello no podemos decir que el Plan Nacional de Reconstrucción tenga los objetivos y las metas concretas a cumplirse en el corto, mediano y largo plazo que todos los peruanos podamos medir.

En esta línea de razonamiento, corresponderá al Poder Ejecutivo presentar el Plan Nacional de Reconstrucción corregido, detallando todas las actividades involucradas. En especial respecto de las obras de alto impacto, para poder fiscalizar y medir su cumplimiento, y percibir si finalmente la reconstrucción es una realidad o seguirá siendo un cúmulo de voluntades desarticuladas y problemas burocráticos que impiden que nuestros impuestos se traduzcan en obras que devuelvan a los afectados la esperanza de un país mejor.