Revolución cultural del terror

Cuando el delincuente Abimael Guzmán fue capturado el 12 de septiembre de 1992, a los pocos días de su detención afirmó que representaba un recodo en el camino de su acciones violentas; efectivamente, el tiempo le dio la razón. Derrotado militarmente por las instituciones tutelares de la nación, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, el subversivo asumió que no podría tomar el poder por la fuerza y reorientó su sistema de adhesión, captación e identificación de un sector de la juventud con sus planteamientos en función a lo que denominó “revolución cultural”.

El proceso significó reescribir la historia, tergiversar los hechos para hacer aparecer a los grupos alzados en armas como reivindicadores sociales ante una situación de injusticia social que se habría arrastrado a lo largo de la república. El primer paso se dio con la Comisión de la Verdad, a la que luego le añadieron “y Reconciliación”, cuyp Informe Final recogió hechos de violencia ocasionados por grupos contrapuestos, cuando lo sucedido fue que las fuerzas del orden actuaron en representación del Estado, en cumplimiento de un encargo ciudadano que reclamaba acabar con el terrorismo, inclusive asumiendo el costo social que ello representaba.

Cierto es que hubo excesos, pero de ningún modo se debió dejar que trasunte en las nuevas generaciones la percepción que las fuerzas del orden actuaron al margen de una demanda social reiterada y reflejada en diversos estudios de opinión pública. Con el aura de dos fuerzas contrapuestas que ejercieron violencia y con las demandas que enfrentaron algunos miembros de las fuerzas del orden, la errónea percepción acerca del terrorismo empezó a cimentarse.

Las organizaciones de “Derechos Humanos”, creadas por quienes enarbolaban un pensamiento similar al de los grupos alzados en armas, dirigieron sus baterías en contra del Estado y sus instituciones tutelares. En consecuencia, el mensaje reiterado era que quienes violaban los Derechos Humanos eran los policías y militares, al tiempo que diluían la responsabilidad de los verdaderos culpables.

A casi tres décadas de la derrota de los grupos terroristas, las nuevas generaciones no registran en su espacio vital lo sucedido, y reciben como voz autorizada de los hechos históricos aquella que impone la subversión a través del gremio magisterial controlado por el senderismo. El programa nacional de educación podrá expresar que los profesores deben informar a sus alumnos sobre los hechos acontecidos durante los años del terror, pero nadie puede garantizar que un profesor como Pedro Castillo, identificado con los grupos más radicales del extremismo de izquierda, haga una transmisión adecuada de lo sucedido. 

Además, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), fiel a su estilo, debe haber impuesto el silencio de sus colegas respecto a este tema o la sanción, tal como ha sucedido con la docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Doris del Rosario Vera, quien ha denunciado que las autoridades de dicha casa de estudios la habrían despedido por afirmar en su clase que Abimael Guzmán fue un terrorista, lo cual es meridianamente cierto. Inclusive, habría que añadir que también fue el responsable de la mayor masacre de personas a lo largo de la historia del Perú.

A la fecha –que se sepa–, el rector de la UNI, Dr. Alfonso López Chau, entusiasta y voceado candidato presidencial por algunas izquierdas que desean mantenerse en el poder, no ha actuado con la celeridad del caso, tal como sí lo hizo cuando acogió en el recinto universitario a los violentistas que buscaban subvertir la sucesión constitucional que confiere legalidad a la presidencia de Dina Boluarte. López Chau ha manifestado que dejó entrar a estudiantes universitarios, sería conveniente que exhibiera las imágenes de las cámaras de seguridad que registraban la exhibición de carné universitarios de jóvenes que no pertenecían a otros centros superiores de enseñanza del interior del país.

Recordemos que a la rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, la Dra. Jerí Ramón Ruffner, se le criticó por haber defendido su institución, cuando todos apreciamos que las imágenes de seguridad de la Decana de América demostraban que el personal de seguridad fue amenazado y asaltado, y equipos de la universidad fueron robados.

¡Qué suerte tuvo López Chau!, a él lo visitaron universitarios de provincias, y ¡qué mala suerte tuvo la rectora Ramón!, a ella la visitaron los vándalos; pero eso sí, tanto los acogidos en la UNI como quienes violentaron la ciudad universitaria de San Marcos participaron de los destrozos de la ciudad de Lima, así como de las agresiones a las fuerzas del orden. Claro que, a ello lo llamó protesta el Dr. López. 

Así es como tergiversan los hechos, así es como las izquierdas mienten a la ciudadanía. En las elecciones del 2021 anunciaron en campaña: “No más pobres en un país rico”. Y en el Gobierno de las izquierdas, Pedro Castillo acogió a vándalos y lumpen para convertirse en ricos sin trabajar y dejar un mayor número de pobres.