¿Putsch contra la República?

Los hechos políticos ocurridos el 30 de setiembre del 2019 ya ocupan un lugar especial en la historia del Perú. La pasión del momento impide la objetividad que otorga el paso del tiempo. Sin embargo, dos ideas contrapuestas han sustentado las acciones de los actores: por un lado, “el apego a la constitución”; y por el otro, el putsch o golpe de Estado. La pasión del momento se ha inmortalizado en tres imágenes que han dejado huella en la conciencia del país:

La primera imagen ha sido captada durante la lectura del mensaje del presidente Martín Vizcarra en el que anunció la disolución del Congreso, según él, con apego a la Constitución, debido a “una negativa fáctica” del otorgamiento de la confianza por parte del Congreso de la República. Ha acuñado un neologismo “negativa fáctica” que dará pie a múltiples estudios, desde las más variadas posiciones y que además servirá para comprender cómo se erosiona la democracia, si va ligado a la controversia entre legitimidad y legalidad.

La “negativa fáctica” es una figura retórica para introducir una interpretación que se atribuye a comportamientos humanos sin apoyo probatorio, que reemplaza al discurso riguroso explícito, al cumplimiento de los procedimientos preestablecidos y a la comunicación escrita directa y comprobada. La apariencia de basarse en hechos es la que le otorga fuerza comunicacional y genera convicción de legitimidad, a pesar de estar reñida con la legalidad. 

La frase “es legal, pero no legítimo” alude al estorbo de la legalidad vigente y, por tanto, sirve de pretexto para el quiebre del Estado de Derecho para crear otro en su reemplazo, sustentado en una nueva legalidad, creada por decreto, al amparo de ideologías y creencias. El atajo de la “negativa fáctica” sirve para pisotear ambos conceptos, tanto la legitimidad como la legalidad. 

La segunda es la fotografía de Martín Vizcarra flanqueado alrededor de una mesa de trabajo por el jefe del Comando Conjunto del las Fuerza Armadas y los comandantes generales de cada una de las tres fuerzas militares (Ejército, Marina y Aviación) y de la Policía Nacional. Todos muy bien uniformados y como marco escenográfico, el Pabellón Nacional y una imagen del héroe Miguel Grau colgada de la pared. Además, la ausencia en la escena de los ministros de Defensa e Interior o de algún otro intermediador entre el jefe de Estado y el poder militar y policial consolida la autoridad y la discrecionalidad del líder. La fotografía trasmite poder. Disuade. La difusión masiva de la fotografía por las redes sociales y los mass media reemplaza a los tanques y a los ejercicios bélicos de antaño. 

La tercera imagen es el pronunciamiento de respaldo de los cuatro comandantes generales, con un diseño que utiliza los símbolos de cada fuerza militar y de la Policía Nacional, bajo el membrete del Ministerio de Defensa, aunque con la ausencia del membrete del Ministerio del Interior, que concluye que el ingeniero Martin Vizcarra es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta imagen plantea inevitables preguntas: ¿Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son deliberantes? ¿El gobierno necesita enfatizar ese tipo de respaldo? ¿El pronunciamiento representa un hecho político? Las respuestas negativas a las primeras dos preguntas resaltan la respuesta afirmativa a la tercera. Representa el traspaso del poder de las urnas al poder de las armas.

Sin embargo, para que ese poder traspasado asegure gobernabilidad es necesario la contínua polarización del país, de los más contra los menos, de los honestos contra los corruptos y, sobre todo, ensalzar los principios de transparencia y magnanimidad. La estrategia del “posicionamiento permanente” permite, día a día, participar desde el Estado en una campaña de legitimación política que permita armar en modo progresivo la estructura legal del “nuevo Perú”, que además se vería consolidado con la ratificación que le otorgaría un futuro triunfo electoral mayoritario y sin atenuantes en los próximos comicios congresales. 

La función legislativa que ha asumido el Poder Ejecutivo, luego de la disolución del Congreso, implica una doble mirada. Por un lado, como función mínima accesoria, con la finalidad de preservar el fuero congresal del próximo Congreso electo como expresión de la democracia. Por otro lado, el aprovechamiento al máximo de la función legislativa para crear nuevas reglas de funcionamiento y de estructura del gobierno y del Estado. Realizar las reformas sin mayor debate y con rapidez. Es decir, utilizar la política del hecho consumado. ¿Cuál mirada corresponde en esta circunstancia? Parece ser obviamente la primera. Sin embargo, no se descarta que se aplique la segunda y se saque provecho de la indefensión de los ciudadanos debido a la ausencia del equilibrio de poderes del interregno parlamentario. Es decir, hasta que se elija al nuevo Congreso de la República. 

La peculiaridad de este periodo de concentración de poderes debería ser seguida con detenimiento y con activa participación por los países y las organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, de la sociedad civil, así como por los partidos políticos y los propios ciudadanos, como precaución y para evitar el abuso de poder y la violación de los derechos humanos, de las organizaciones políticas, sindicales, empresariales y otras formas de participación de la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional están obligados a desempeñar un rol fundamental en este periodo. ¡La defensa y fortalecimiento de la República y la democracia es tarea de todos!