Privilegios e Instituciones

¿Son más importantes los ejecutivos que los informales?

La semana pasada se llevó a cabo en Paracas el CADE 2016, el principal foro empresarial del país. El lema de este CADE fue “Desafío 2021, la oportunidad es ahora” y rompiendo récords históricos contó con la participación de nueve ministros y el presidente Kuczynski.

En CADE se vive como en la OCDE. Lejos, muy lejos del Perú real.

CADE representa a un muy pequeño sector del país que controla una gran parte de los recursos. Que el presidente y nueve de sus ministros decidan pasar tres días en Paracas es una muestra de la preferencia que el gobierno le da a la élite empresarial. Meléndez se refería en “Con Huaycán en Paracas” (El Comercio, 3 de diciembre) a un estudio de 50+1, según el cual, en los primeros cien días de gobierno, altos funcionarios del gobierno (presidente, PCM, ministros y viceministros) “estuvieron en 53 eventos organizados por iniciativa de intereses privados, mayoritariamente del sector negocios”.

Una de las características que diferencian a los países desarrollados de los que están en vías de desarrollo es que en los primeros todos los ciudadanos tienen igual acceso a las instituciones políticas y económicas; mientras que los segundos son los grupos de interés los que capturan dichas instituciones para su beneficio y en perjuicio de los demás, al excluirlos. Tal como han mostrado Acemoglou y Robinson, North, Weingast, Wallis, Fukuyama y demás desarrollistas, las diferencias no son raciales ni culturales, sino que están basadas en la construcción de sus instituciones.

El Perú es un país multicultural y bastante complejo, que lleva años luchando por su gobernabilidad. No existe cohesión social ni visión de país, aunque en CADE año a año le digan lo contrario. ¿Por qué es importante que el Ejecutivo le lleve su visión a los empresarios y no a los informales, por ejemplo? ¿No son acaso ciudadanos en iguales condiciones? Pues no, no lo son. Porque unos tienen acceso a instituciones políticas y económicas y los otros no. Dos problemas que tenemos son la baja institucionalidad y la alta informalidad, como sostiene Juan José Garrido. Sin embargo, no vamos a mejorar la institucionalidad si mantenemos privilegios. Ni disminuirá la informalidad si seguimos tratando de imponer normas sociales en un mundo que no logramos —ni nos esforzamos tampoco— entender.

Recordemos que cuando las comunidades se levantan contra el Estado y recurren a la violencia lo hacen porque no tienen otra forma de hacer oír su voz. ¿Es que acaso el Ejecutivo escuchó y atendió los reclamos de las poblaciones de Cocachacra, Dean Valdivia o Punta de Bombón antes del paro del 2015, que terminó con cuatro muertos? ¿Cuándo va el Ejecutivo a las comunidades cercanas al área de influencia de mina Las Bambas? ¿Por qué en Andahuaylas retienen a un ministro y al contralor? ¿Por qué en Huaycán un aparente psicosocial desata una violencia feroz? Porque los peruanos no confían en el Estado.

Se ha sostenido que desde Paracas se puede gobernar. La discusión no pasa por si se puede celebrar un consejo de ministros en Paracas o que este lugar está solo a dos horas de Lima. El problema son las prioridades de un gobierno cuya aprobación viene mostrando una tendencia a la baja. En un país sin cohesión social y con problemas de gobernabilidad, donde los conflictos sociales están latentes y la falta de Estado se siente cada vez más, que el Estado promueva la inversión privada es correcto. Que muestre predilección por un sector privilegiado, no lo es.

María Cecilia Villegas