Pretensión de modificar la Constitución trascenderá a Castillo

Durante la campaña electoral, el candidato Pedro Castillo tuvo como una de sus promesas para la gestión gubernamental la redacción de una Constitución que reemplace a la de 1993. Como se sabe, esta Constitución fue elaborada durante el régimen de Alberto Fujimori, mediante un Congreso Constituyente en el que el oficialismo tuvo mayoría absoluta, 44 de 80 miembros; y fue aprobada mediante un referéndum en el que los votos por el “sí” superaron a los del “no” por un magro 4.48%. 

En campaña en ningún momento se discutió qué cosa se piensa cambiar, ni cuál sería el procedimiento para contar con una nueva carta magna. Se supuso que el Título III, Régimen Económico, era el tema de fondo, para pasar de una economía social de mercado –con un rol subsidiario del Estado como empresario, recursos naturales de propiedad de la nación y disponibilidad de ellos según leyes orgánicas, y liberalidad para el uso de moneda extranjera– a un control estatal centralizado. 

Desde el reciente anuncio de Castillo de convocatoria a una asamblea constituyente, previo referéndum, los temores en el sector empresarial se han acrecentado. Soy de los que piensan que de asumir la presidencia no conseguirá el objetivo. Las dos posibilidades que tiene son: 1) votación en el Congreso, para hacer una modificación constitucional previa que incluya el concepto de asamblea; 2) reunir 2.5 millones de firmas para convocar a referéndum. Ambos están muy lejos de alcanzarse. En el primer caso, por no tener los votos suficientes; y en el segundo porque el desgaste experimentado en todo el proceso después de la segunda vuelta, le pone un camino cuesta arriba para las adhesiones mediante firmas. 

Pero el debate de una nueva constitución no culminará con el intento fallido que vaticino. Se retomará con los resultados de la recientemente instalada Convención Constituyente en Chile, que se verán en abril del próximo año. Más allá de la discusión del régimen económico, que también será materia de debate en Chile, hay un punto que inevitablemente se importará: “el reconocimiento de pueblos originarios y la declaración de un Estado plurinacional”. El gran referente es la comunidad mapuche, y diez pueblos originarios, ambos con presencia en la Convención. Los primeros, con Elisa Loncón, elegida presidenta; y los segundos, con 17 miembros de un total de 155 constituyentes.

La importancia de los pueblos originarios en nuestro vecino del sur está en que representan el 12.7% de la población del país y que se oponen a las industrias extractivas. La declaración de la plurinacionalidad hará más difícil la situación, pues su expectativa es el autogobierno.

No dudo que esa tendencia llegará a nuestro país, donde oficialmente hay 55 pueblos originarios, 4 en zonas andinas y 51 en selva; con 48 lenguas distintas y una población en zona rural del 16.5% (5.6 millones) del total nacional. En esta realidad, es más que obvio que en los próximos años su exigencia de reconocimiento de autonomía con rango constitucional, irá in crescendo.

Es un tema a considerar para las industrias extractivas. Especialmente para la minería, sobre todo la que se desarrolla en la región Puno, donde los aymaras reclaman ser nación. Y también para las actividades forestales e hidrocarburíferas en zona de selva, donde ya ha habido una autoproclamación de la nación Wampis, que aspiran a no tener en su territorio a empresas petroleras. Hay la experiencia del Lote 64, en la provincia del Datem del Marañón, en la región Loreto, cuyo titular es la estatal Petroperú, y donde la empresa Geopark dejó de ser su socio, principalmente por la oposición de la nación Wampis. 

La discusión sobre modificaciones constitucionales seguramente continuará en el mediano y largo plazo.