¿Por qué no un estallido social en el Perú?

Las masivas y violentas protestas sociales ocurridas en Chile, Ecuador y Argentina han llevado a tirios y troyanos en el Perú a preguntarse por qué no ha ocurrido algo similar en estas tierras, o si en los próximos meses podría suceder algo similar aquí. La pregunta es válida para determinar si existen las mismas condiciones de descontento social que en esas latitudes o si, más bien, ha sido la institucionalidad democrática y el gobierno actual los que han sabido responder a la tensión social, creando válvulas de escape y reformas políticas para canalizar el descontento social y evitar una catarsis callejera masiva.

Como punto de partida debemos señalar que en el Perú la desigualdad, la pobreza o los precios del combustible y los servicios públicos no aparecen como una prioridad urgente y latente para la población; independientemente de la existencia de inocultables problemas, como el tema de los peajes, determinadas falencias del Metropolitano, el estancamiento en la lucha contra la pobreza, la inseguridad y una economía que muestra altos niveles de estancamiento. Todas las encuestas de opinión, el tratamiento de los medios comunicación y de casi todos los poderes del Estado, ponen como prioridad álgida e indignante el tema de la corrupción.

Por angas o por mangas, la sociedad entiende que es la alta impunidad el factor determinante que ha erosionado nuestras instituciones, y que el delito público tiene altísimos costos sociales, afectando el desarrollo nacional, proyectos de inversión y el propio crecimiento económico. Prueba de ellos es que de la información proporcionada por las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República, se tiene que las entidades del Gobierno Nacional y Regional, al 31 de julio de 2018, tenían más de 1,200 obras paralizadas, por un monto contratado de S/ 18,870,855. Una cifra espectacular que incide sobre el mercado, la economía y la promoción del empleo. Solo las obras paralizadas por el caso Odebrecht han bloqueado la generación de 15,000 empleos y la actividad de miles de proveedores. 

Ni en Chile, Ecuador, Argentina u otro país de este planeta se ha presentado una coyuntura tan dramática como en el Perú, la que habría creado las condiciones de un gran estallido social entre los años 2016 y el 2019. Tres expresidentes presos (Fujimori, Toledo y PPK), otro expresidente (Ollanta) a punto de ser sentenciado, uno que optó por el suicidio (Alan García) y la lideresa de la principal fuerza de oposición en la cárcel (Keiko Fujimori), son datos suficientes de una extremada corrupción y, con un abanico amplio de exministros, funcionarios, exjueces, exfiscales, exalcaldes, exmilitares, empresarios y expresidentes regionales presos y que comprometen a casi todas las tendencias ideológicas y élites del Perú.

Si ese estallido social no se produjo fue porque, en mayor o menor medida, las instituciones funcionaron para evitar la impunidad y tuvieron en una nueva generación de fiscales y jueces a la vanguardia de la lucha contra la corrupción, expresada en el caso Lava Jato, el Club de la Construcción y Los Cuellos Blancos, como casos emblemáticos. En el Perú hubo un referéndum a fines del 2018, como eficaz válvula de escape, no solo por la aprobación de importantes reformas políticas, sino porque se tomó en cuenta la decisión de la población a través del voto.

De alguna manera, la población ha sido involucrada en el la lucha contra la corrupción, atenuando entonces las posibilidades de una extendida movilización ciudadana por fuera de la legalidad, como ha ocurrido en los países mencionados. Y es evidente que la disolución constitucional de la representación parlamentaria, cuya mayoría actuaba defendiendo la impunidad, fue el punto de desembocadura más alto de este proceso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias.

Una de las mayores virtudes que debe tener una democracia es crear mecanismos, espacios, puntos desencadenantes para morigerar las altas tensiones sociales, sea por los efectos de una pésima conducción de la economía, violación de los derechos humanos o del Estado de derecho. La particularidad histórica del Perú radica en que, a diferencia de otras épocas de nuestra historia las instituciones, con todos sus errores y defectos, ha hilvanado una eficaz lucha contra el alto delito público. Por esta razón, entre los años 2016 y 2019 no hubo una convulsión social, más allá de movilizaciones ciudadanas de baja intensidad. 

Ahora bien, en el plano de la economía es evidente que en el Perú existen diversos problemas que podrían ser el caldo de cultivo para el crecimiento de una sostenida protesta social. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el caso peruano y el caso chileno. La economía del país sureño está formalizada en un 80%, mientras que en el Perú la informalidad es del 70%. En este caso, por contradictorio que parezca, la alta informalidad en el empleo, en el comercio e incluso la existencia de una alta economía delictiva, actúan como un colchón social que atenúa las posibilidades de una potente y violenta respuesta social como ha ocurrido en Chile.

En comparación con Ecuador, el Perú tiene una economía sana que no tiene un combustible subsidiado. No podría, entonces, presentarse una explosión social que tenga como banderas el alza de pasajes o la subida del precio de la gasolina o el petróleo. La ausencia de un Estado empresarial en el nuestro país y el funcionamiento de una economía de mercado, atenúa las posibilidades de una explosión social. La nueva clase media peruana es menos dependiente del Estado que antaño. 

De alguna manera, en el Perú funcionan dos países paralelos muy poco dependientes entre sí. La relativa expansión de la economía de mercado, el crecimiento de una densa capa de pequeños y medianos empresarios, una moderna agroindustria y, pese a todo, una economía en crecimiento (que bordeará el 2.5% de crecimiento este año 2019), hacen que para un amplio sector de peruanos la esfera de la política, las tensiones de poderes, la disputa entre actores políticos, funcione como una especie de escenario teatral que no necesariamente tiene que ver con su vida cotidiana.

El malestar ciudadano –como ha ocurrido en el caso de los peajes en Lima, el caso Tía María, las deficiencias de la reconstrucción del norte y los vacíos de la gestión gubernamental actual y otros– no ha logrado hasta ahora convertirse en sostenidas corrientes de movilización ciudadana que generen una alta centralidad de la protesta y con capacidad de generar crisis. Y es evidente que, la ausencia de partidos políticos de oposición fuertes y de prestigio abonan en estos dos países paralelos. 

Por ahora, los termocéfalos de izquierda y de derecha, que añoran un Perú convulsionado, como nuestros países vecinos, se quedarán, con los crespos hechos.