¿Por qué mutilar la representación de Lima?

El problema principal que afronta el actual debate sobre la nueva representación parlamentaria bicameral, una vez aprobada la reforma en la Comisión de Constitución, radica en que ni el Congreso ni el Ejecutivo se atreven a aumentar el número de representantes. No obstante que ha quedado claramente demostrado que el Perú tiene una subrepresentación que, a nivel mundial, es una de las más bajas.

Dicho de otra manera, todos los parlamentarios señalan que son conscientes de que el número de total de diputados y senadores debe superar largamente la cantidad actual de 130 parlamentarios; pero nadie se atreve a plantear un dictamen que permita desentrampar el debate. Las bancadas del Congreso, especialmente Fuerza Popular, le tiran la pelota al Ejecutivo para que este modifique su propuesta de 100 diputados y 30 senadores, pero el Ejecutivo se la devuelve, atreviéndose solo a plantear que cada región (departamento) tenga cuando menos un candidato a senador en las listas que competirían y que serían cerradas, bloqueadas y sin voto preferencial. Nadie quiere asumir la responsabilidad de plantear los fundamentos de una representación que se acerque a la que teníamos antes de la Constitución de 1993, por la cual la cámara de senadores tenía 60 senadores y la cámara de diputados 180.

Todos los especialistas —entre ellos Enrique Bernales, Percy Medina y Fernando Tuesta Soldevilla— ques fueron invitados a la Comisión de Constitución recomendaron elevar la cantidad de representantes, pero nadie se atreve a poner sobre el papel sus recomendaciones. Y dos de las jurisdicciones que más se perjudicarían, de proseguir y hacerse realidad la propuesta del Ejecutivo, son Lima Metropolitana y el Callao. La primera de ellas, que ahora tiene 36 parlamentarios, reduciría su representación en 19 representantes (12 diputados y 7 senadores), pasando de 36 a 17, mientras que el Callao también perdería un representante. Incluso otras regiones, como Cajamarca y Áncash, también se perjudicarían. La capital de la República, que tiene más de ocho millones de electores en la actualidad, tendría por cada diputado 668,300 electores, mientras que por cada senador habría 1.14 millones de electores. Esto sería un grave retroceso, teniendo en cuenta que el promedio en América Latina y el mundo es de 140,000 electores por cada parlamentario.

La situación para Lima Metropolitana sería mucho más grave por el hecho de que la propuesta de algunos parlamentarios de izquierda de dividir la capital en seis jurisdicciones (Lima Norte, Lima Sur, San Juan de Lurigancho, Lima Centro y Lima Este), para mejorar la relación entre electores y elegidos, encontró el silencio de la mayoría de los parlamentarios actuales que supuestamente representan a la capital. Esto indicaría que no existe ninguna voluntad de democratizar la representación capitalina de acuerdo a la nueva realidad policéntrica de la ciudad. Los parlamentarios actuales parecen más interesados en aprobar una reelección encubierta, cuando se pretende que los actuales congresistas sean habilitados para ser candidatos al Senado futuro; mientras que, por otro lado, aprobarían la prohibición de la reelección de parlamentarios como reforma sustancial.

Cobra por ello mucho sentido la otra recomendación realizada por los especialistas a la Comisión de Constitución, con relación a que la reforma del artículo 90 de la Carta Magna, debe aprobar el cambio hacia el régimen bicameral, pero no debe fijar el número de representantes por cada cámara. En ese caso, corresponderá posteriormente a una Ley de Desarrollo Constitucional precisar la cantidad total de representantes, sobre la base de una discusión más amplia que permita realizar pedagogía, consultas y análisis técnicos para generar un nuevo consenso en torno a una mejor representación de la ciudadanía en el nuevo Congreso, a elegirse el año 2021. Conviene precisar que, en la gran mayoría de constituciones en el mundo, los artículos referidos a la cantidad de senadores y diputados no forman parte del texto constitucional; esta decisión es delegada al correspondiente Congreso, que fija la cantidad respectiva en la correspondiente Ley de Desarrollo Constitucional.

Insistir en la cantidad de 130 parlamentarios, fijada en la reforma del artículo 90 de la Constitución, es un ajustadísimo corsé que solo originará enfrentamientos entre regiones y pueblos, cuando de lo que se trata es de preparar a la población para un cambio sustancial, en torno a una nueva representación. Quizás sí debe precisarse en el correspondiente artículo cuál es el porcentaje tope de gasto que debe tener el Congreso, para evitar un aumento presupuestal, que es lo que finalmente preocupa a la población. En la actualidad el porcentaje del total de presupuesto nacional que gasta el Congreso es del orden del 0.8%, lo cual podría ser un buen punto de referencia.

Obviamente, si el Congreso y el Ejecutivo insisten, por miedo o por una incapacidad para explicar a la ciudadanía un cambio del número de representantes hacia una cantidad mayor, y si finalmente aprueban la cantidad de 130 curules por ambas cámaras, a los ciudadanos de Lima Metropolitana no nos quedaría otra cosa que realizar campaña en contra de la reforma correspondiente hacia el régimen bicameral. Y es obvio que esa campaña tendrá una gran audiencia porque la población de Lima, a pesar del desprestigio del Congreso, no aceptará una reducción de 19 parlamentarios en el nuevo régimen bicameral que se postula, para favorecer a otras regiones. Una cosa similar ocurrirá con los ciudadanos del Callao. Nadie, pues, aceptará que se trate de “desvestir un santo para vestir a otro”. Estamos avisados.