Por fin, la Política General de Gobierno

El gabinete ministerial, luego de más de tres meses de asumir funciones, ha promulgado por fin el Decreto Supremo 042-2023-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno. Eso significa que desde el 7 de diciembre del 2022 hasta el 25 de marzo del 2023, se ha gobernado bajo las políticas nacionales del expresidente Pedro Castillo. El retraso es negligente, sobre todo si se tiene en cuenta que desde el 10 de febrero del 2023 el presidente del Consejo de Ministros las había expuesto ante el Pleno del Congreso de la República, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política. Como consecuencia, también se ha derogado el Decreto Supremo 164-2021-PCM, que aprobó la Política General de Gobierno 2021-2026, del expresidente Castillo. 

Un aspecto de relevancia es que, de paso, se ha modificado el reglamento que regula las Políticas Nacionales (DS 029-2018-PCM). Por un lado, se ha definido a la “Política General de Gobierno como el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales. Se compone de ejes y lineamientos que orientan el accionar del gobierno durante el mandato del presidente de la República”. Por otro lado, especifica que “en caso de que una política priorizada de gobierno cuente con una política nacional aprobada que trasciende la duración del mandato del presidente de la República, debe ser actualizada, de corresponder, sujetándose al plazo de 80 días”. Hay que resaltar que el Reglamento que regula las políticas nacionales también señala que “a los 40 días de haber asumido sus funciones, el presidente de la República, y por iniciativa de este, el Consejo de Ministros aprueba mediante acuerdo la Política General de Gobierno, en el marco de las políticas de Estado, los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y las políticas nacionales vigentes. Dicha política general se materializa mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros”. 

Como se puede apreciar, se ha incumplido, con los plazos, así como, con las políticas públicas que trascienden a los gobiernos, entre otros. Además queda pendiente que en un plazo de treinta (30) días los sectores (ministerios) en coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), identifiquen dentro de sus planes y políticas nacionales, las acciones estratégicas o servicios priorizados, así como, sus indicadores y metas que implementan y permiten el seguimiento de la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial.” 

Dados los antecedentes, es probable, que también se incumplan los plazos. Por un lado, debido a que los nueve (9) ejes con sus respectivos lineamientos, son muy genéricos y han dejado fuera una serie de aspectos que son indispensables para las acciones de gobierno. Por otro lado, no se han consignado, aquellos ejes que ya se constituían como políticas que trascienden gobiernos y que en su momento fueron catalogadas como políticas de Estado. Asimismo, pueden aflorar conflictos y discrepancias, al interior de los sectores, a la hora de mantener o retirar ejes con sus respectivos lineamientos, propiciado por la necesidad de seguir el cambio de orientación política y estratégica del gobierno.

Los nueve ejes de la Política Nacional de gobierno son: paz y gobernabilidad; concertación y diálogo nacional; protección social para el desarrollo; reactivación económica; impulso al desarrollo de los departamentos; lucha contra la corrupción, orden público, seguridad y defensa de la soberanía nacional; buen año escolar con recuperación de los aprendizajes; la salud como derecho humano; más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida. Como se sabe, cada eje tiene sus lineamientos, pero, la mayoría de las veces, estos son muy genéricos y escasos, por ejemplo, el eje diálogo y concertación nacional, solo tiene dos lineamientos, el primero, “promover el diálogo y la concertación nacional” y el segundo, “mejorar la acción coordinada de los tres niveles de gobierno.” 

Igual ocurre con el eje “la salud como derecho humano”, que tiene seis lineamientos muy genéricos, el primero, “mejorar la cobertura del esquema nacional de vacunas,” que presenta una dificultad de comprensión, porque al enfocarse en la cobertura del esquema, no logra transmitir una idea clara, sea con relación al número de personas vacunadas o con la inclusión de nuevos tipos de vacunas o ambas. El segundo lineamiento, es “mejorar la infraestructura, equipamiento y la atención de los servicios de salud en los diferentes niveles de complejidad.” Es tan genérico y ambicioso que es difícil comprender que se prioriza. El tercero es “promover el acceso a los servicios de salud con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad”. Es complicado saber a qué se refiere con promover el acceso, porque el lineamiento no aclara ni diferencia si se refiere al acceso o al poder de acceso. Esta diferencia, permitiría avizorar o no, la existencia de políticas públicas que aseguren el poder de acceso a la salud de todos los ciudadanos. 

El cuarto, es “mejorar la prevención y el tratamiento del cáncer, prioritariamente para la niñez y poblaciones en situación de vulnerabilidad.” Tampoco diferencia, si se trata solo de acceso, o de asegurar el poder de acceso mediante las prestaciones médicas y de salud, las prestaciones económicas y las prestaciones sociales, como ocurre en la seguridad social. El quinto, “fortalecer la lucha contra la anemia y desnutrición infantil”. Es difícil comprender cuáles serían los mecanismos de gestión. Más parece un objetivo que un lineamiento. Y el sexto y último lineamiento, es “promover estilos de vida saludable de forma sostenible.” Imposible catalogarlo como lineamiento, porque no se desprende cuál sería el plan o por lo menos la tendencia para seguir, más aún, la forma de hacerlo y las etapas constituyentes. 

Las falencias en la selección de los ejes y de los lineamientos, o la precariedad de sus contenidos, generarán poca o nula capacidad para ponerse de acuerdo o concertar con otros sectores y de estos con la sociedad civil o con los ciudadanos. Los resultados son cuestionables a pesar de haberse creado el “Laboratorio de Políticas Públicas para la salud (RM 1107-2022/Minsa), aún el 31 de diciembre del 2022. Como se puede apreciar, más burocracia no implica mejor gestión.