Martín Taype
Pesimismo en los consumidores limeños
Según encuesta elaborada por Apoyo Consultoría e Ipsos
El contexto internacional actual está lleno de retos, tanto en el ámbito económico y geopolítico, a los que se suma la pandemia del coronavirus, que se ha expandido por el mundo, causando millones de contagiados y centenares de miles de muertos. Y estos retos se vuelven más complejos si además del entorno externo incierto y cambiante, el entorno interno es inestable. Todo ello influye en las expectativas y el comportamiento de los consumidores y de los inversionistas, tanto locales como extranjeros.
Para efectos prácticos de lo expuesto, veamos la situación actual de la confianza de los consumidores de Lima Metropolitana, según el Índice de Confianza del Consumidor (Indicca), elaborado por Apoyo Consultoría e Ipsos, en una encuesta publicada recientemente por el diario El Comercio (21.05.2020) en su edición digital, que alcanzó los 39 puntos en mayo. Cabe señalar que, si el Indicca se ubica por debajo de los 50 puntos, prima el pesimismo de los consumidores. En tanto, si se ubica por encima de ese nivel, se considera optimista. De acuerdo a lo publicado, si bien el resultado de mayo se encuentra tres puntos porcentuales por encima del mes anterior, se mantiene en terreno pesimista.
Según la citada consultora, el 52% de las familias en Lima Metropolitana en el mes de mayo percibió que su situación económica se ha deteriorado. Dicho dato, observado por promedio móvil de tres meses, es de 44% y se ubica a niveles no vistos desde el 2008. En base a los resultados del estudio realizado por Indicca, vemos que la confianza de los consumidores limeños continua pesimista; a entender de muchos ciudadanos, debido a la desaceleración económica.
Sin embargo, el problema parece ser más estructural. Es la percepción de los ciudadanos de que aún no se están alcanzado los resultados esperados en la lucha contra la pandemia, que está causando miles de contagios y decesos en nuestro país, y que puede propagarse peligrosamente aún más. En tal sentido, mientras el Gobierno no enfrente con firmeza y adecuadas estrategias esta pandemia, y los ciudadanos no acaten con responsabilidad las medidas de distanciamiento social y de salubridad, no se podrá influir positivamente en las expectativas de los consumidores e inversionistas en el corto, mediano y largo plazo.
Asimismo, es importante salvaguardar la salud de la población y de los trabajadores. Para este último caso se debería aplicar en las instituciones públicas y privadas el teletrabajo, para lo cual se encuentran vigentes la Ley N° 30036 (Ley que regula el Teletrabajo), el Decreto Supremo N° 017-2015-TR (que aprueba el reglamento de la citada Ley) y el Decreto de Urgencia N° 026-2020 (que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus). Todos ellos facultan a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto.
Adicionalmente el Decreto Legislativo N° 1505 establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público. Y autoriza, hasta el 31 de diciembre del 2020, a las entidades públicas a realizar el trabajo remoto en los casos que fuera posible. En tal sentido, solo en aquellas actividades laborales, que por su naturaleza la presencia física del trabajador sea imprescindible serán las que se mantendrán bajo el formato tradicional. Aunque cada vez con un mayor soporte tecnológico y las adecuadas medidas de protección, lo que les permitirá a los trabajadores ser más eficientes y eficaces, y dejar atrás las tradicionales largas jornadas de trabajo.
¡No expongamos la salud y vida de los trabajadores, que son el activo más importante de toda organización! ¡Sin trabajadores sanos no puede haber reactivación económica!
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