Persiguiendo a los ciudadanos

¿Es lógico combatir el robo de carteras prohibiendo el uso de éstas?

Es deber del gobernante avocarse a la solución de los problemas reales y no hacer solo gestos efímeros para atacar la percepción, más no las causas del problema. Pero claro, eso requiere talla de estadista, especie política extinta en los tiempos de la dinastía del Paucar del Sara Sara y sus adláteres.

No insistiré en las cifras fantasiosas exhibidas sobre éxitos policiales cuya deliberada inexactitud avergonzaría a cualquier alumno de primaria, ni voy a ocuparme de la irrelevancia de los “éxitos” hasta hoy exhibidos. Entiendo que esa alharaca cumplía una meta política de emergencia que las encuestas dan ya por alcanzada.

La gestión en Interior aún es joven y ojalá que vuelva de la calle al “piense”, que es donde se trazan objetivos y se diseñan las estrategias. No son los alardes de cazuela los que que pusieron con justicia en la historia a los grandes generales y figuras exitosas contra el crimen. Ellos ganaron su lugar en respaldando su arrojo y valentía en inteligencia y capacidad de estrategia.

Voy a ocuparme del apresuramiento y poca prolijidad exhibida estos últimos tres años en la identificación real de las causas y el diseño de propuestas legislativas del oficialismo. En particular de la irracional insistencia en creer que se disminuirán las tasas de delincuencia si se hace la vida imposible a los ciudadanos honestos que optan por armarse en la vía legal o por buscar protección privada, mientras pasan piola los que optan por armas adquiridas en el mercado negro o resguardados por policías y militares de franco, conductas ambas igualmente ilegales.

Hasta el momento no he encontrado funcionario alguno en el gobierno que pueda explicar qué problema de seguridad real pretenden solucionar con esa óptica equivalente a querer disminuir los robos de carteras prohibiendo su uso.

Tras una dura batalla mediática, SUCAMEC pareció entender a regañadientes la necesidad de restaurar un mayor plazo de vigencia de las licencias, incorporandolo en su propuesta junto con el régimen de tarjeta de propiedad y licencia, además de una mayor racionalidad en las exigencias a las empresas de seguridad para el transporte de sus armas.

Pero borrando con plumón grueso esos trazos débiles, alegremente se adjudicaron plazos en el TUPA en los que cabe un embarazo y, en el proyecto ya presentado, que piden se apruebe sin pasar por comisiones, borraron toda participación de los ciudadanos y empresas afectados por el proyecto de ley, añadiendo, eso sí, a una entidad de derechos humanos, que ya sabemos a quienes suelen defender.

Reclamando presunción de veracidad en sus actos, se adjudican inmensas facultades discrecionales con conceptos tan abstractos como “hechos y circunstancias”, para denegar, suspender o cancelar autorizaciones, e insisten en la absurda intención de controlar juguetes y réplicas, mientras se esfuerzan en detallar que, en su concepción su propiedad, por ser bienes riesgosos (los autos calzan mejor en esa definición), no es un derecho sino un gracioso privilegio del Estado. ¿Stalin dixit?

Por Dardo López-Dolz