Pedro Olaechea
Perder la libertad parece fácil
Desde el caso Leguía hasta nuestros días
El abogado José Francisco del Solar describió en su blog el proceso del juicio al expresidente Leguía en la Segunda Sala del Tribunal de Sanción Nacional. En el artículo relata las expresiones del abogado del exmandatario, el Dr. Alfonso Benavides Loredo, a quien, dicho sea de paso, se le negó durante sesenta días asistir a su patrocinado. Comparto un extracto que nos devuelve a una época del Perú en la que la arbitrariedad se imponía. En este ejercicio notaremos que la arbitrariedad puede mostrar las garras en cualquier época:
...Alfonso Benavides Loredo terminó así su alegato: “Para concluir conviene hacer presente, aunque sea tal vez enojoso el repetirlo, que si en este expediente no hay datos para responsabilizar al expresidente señor Leguía, no es por cierto como los fiscales lo alegan, por lo “sumarísimo del procedimiento”; ni por la “limitación de las investigaciones”; ni “por lo breve del plazo”; ni por las “vallas de las fronteras”, sino porque esos datos no existen; y que, en consecuencia, la condenación es imposible porque ella no llevaría el nombre de justicia sino el de venganza (02-01-1931).
El autor añade:
“...empero, no se trataba solo de hacer una defensa jurídica, sino, además, había que luchar contra la opinión pública que ya había juzgado al ex dictador. Ello, por un lado, porque el comandante Sánchez se había rodeado de un populismo áulico –el mismo que antes había vitoreado a Leguía– y que ahora hacía del juicio un circo, beneficiándose políticamente como el “hombre duro y honesto, dispuesto a acabar con la corrupción y la impunidad”. Por otro lado, porque tuvo al frente al sordo Tribunal de Sanción Nacional, cuyos miembros eran enemigos de Leguía y rendían más pleitesía a la toga y a la presea que al valor justicia, estando dispuestos a satisfacer los deseos del diminuto “gran líder político de turno enfundado en un uniforme militar”.
Resulta muy preocupante si comenzamos a identificar los diferentes actores que participaron en el drama. ¿No es lo que está sucediendo ahora mismo? La lista de personas que están siendo acusadas siguen esperando saber de qué se les acusa. Hoy nos avergüenza el maltrato que recibió Pedro Pablo Kuczynski, una persona que, a pesar de sus errores, jamás dejó de tener la condición de exjefe de Estado.
En una reciente columna de Mijael Garrido Lecca, se cuenta de manera preocupante la forma en la que va creciendo la lista de quienes son llevados a perder su libertad mientras las pruebas “aparezcan”. ¿Aparecerán? ¿Se probará la tesis de asociación delictiva o banda criminal? La lideresa de Fuerza Popular, por ejemplo, es parte de la lista. Es la única que no ha sido Gobierno en todo el periodo investigado. ¿Y si no se prueba nada? ¿Deberá dar gracias por el encierro?
Esta semana empezarán a hablar los delincuentes desde Brasil. Pregunto: ¿cuál cree usted que es la prioridad de los esbirros de Odebrecht? ¿Salvar la organización o decirle la verdad a Perú? ¿La insolvencia moral será la prueba condenatoria, definitiva? ¿O habrá evidencias que se contrasten con las afirmaciones vertidas, aportando finalmente pruebas condenatorias tangibles?
No lo olvidemos: todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Nadie puede negar las imputaciones contra el expresidente Alan García, quien se libró de los malos manejos de su desastroso primer Gobierno porque en la ley se señalaban los periodos de prescripción a las faltas que pudiera haber cometido un político en el pasado. Nos guste o no, ese era el marco jurídico.
No hace mucho, en vida, adjetivando de manera dura, García conminaba a sus acusadores que le probaran sus imputaciones. Es seguro que seguiremos recordando esa frase por un buen tiempo. Tenía toda la razón. Es labor de la Fiscalía probar los hechos por los cuales se le va a privar a un ciudadano su libertad, objeto máximo y central de nuestra Constitución.
En la actualidad, es claro que nuestro comunismo chicha busca eliminar como sea la Constitución de 1993. El reemplazo sería algo similar a la de 1979, un monstruo disfrazado de bienestar social, en el que el “Estado lo puede todo”. Es una linda trampa en la que no debemos caer. Los tiranuelos de opereta se relamen los labios pensando en el día en el que definan y resguarden lo que ellos digan que “es”, sin lugar a dudas, el bienestar social.
Muchos celebran la toma de la Bastilla, ícono de la Revolución Francesa, pero algunos obvian que tiene como origen haber sido el lugar en que el rey de Francia, mediante cartas “escondidas”, determinaba el encierro de sus opositores políticos. En ellas se decía “por ser de interés del Estado”. De ahí surge el encono del pueblo con esa edificación: símbolo de la arbitrariedad. En Perú podemos parafrasearlo así: “por ser de interés en la lucha contra la corrupción”. ¡Cuidado!
Odebrecht fue el ladrón que ingresó a nuestra casa a robar, pero ¿quién dejó que entrara a licitar y ganar obras públicas?, ¿cómo fue que ganaron las licitaciones? El promedio de postores por licitaciones en América Latina estaba en tres o más. En nuestro país se encontraba en 1.3. A los luchadores anticorrupción les pregunto: ¿no les parece raro? Es un indicio interesante a tomar en cuenta, considerando que esas licitaciones tenían cláusulas anticorrupción. Sería importante abrir una investigación en la materia a toda velocidad para evitar prescripciones. No veo un nivel de dificultad muy alto.
Sugiero ahorrarse la molestia de encarcelar a la gente. Pidan pasaportes y controlen mejor las fronteras. Sería suficiente con que los imputados concurran al juzgado mensualmente. Así la Policía podrá dedicarse a perseguir criminales en las calles, en lugar de resguardar domicilios de personas que superan los ochenta años.
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