Otra vez las reformas

Deben reunir eficiencia y legitimidad

En las últimas semanas asistimos nuevamente, y con intensidad, a la discusión sobre las reformas institucionales. Esto como consecuencia del planteamiento realizado por el Poder Ejecutivo de llevar a cabo diversas reformas, como la del Consejo Nacional de la Magistratura o la creación de la Autoridad Única de Transporte; además de otras que ya se venían discutiendo, como la reforma electoral.

Hemos señalado, en entregas anteriores, que cuando se abordan las reformas no solo debemos ocuparnos del alcance de las reformas como tales, también debemos considerar el proceso que requieren para lograr legitimidad. Un proceso que radica de forma especial en la difusión y discusión de cara a la colectividad, y que se realiza esencialmente con el debate. Una experiencia de la ausencia de este elemento lo tenemos con lo ocurrido con la “Ley Pulpín”, que luego de aprobarse, a consecuencia de su rechazo, se tuvo que dejar sin efecto. Hoy, años después, hay un nuevo proyecto similar.

David Van Reybrouck señala con mucha pertinencia que “quien gobierna al pueblo con la mejor de las intenciones, pero no lo implica, solo gobierna parcialmente”. Esta premisa es absolutamente aplicable a los procesos relacionados con las reformas que se viene tramitando, y que deben ser puestas en debate en nuestro escenario político.

La democracia y todo sistema político demandan, como parte de su funcionamiento, el debido equilibrio entre los criterios de eficiencia y legitimidad. El primero implica la rapidez con la que las autoridades gubernamentales están en capacidad de encontrar soluciones viables para los diversos problemas y carencias que enfrentan los ciudadanos. El segundo tiene relación con el grado de participación de los ciudadanos en tales soluciones y el nivel con que se reconoce la autoridad del Estado. Van Reybrouck nos precisa que la eficiencia tiene relación con la resolución y la legitimidad con la aceptación pública.

Cuando una reforma institucional se canaliza y tiene su origen en una ley, esta reforma debe procurar cumplir de forma especial con el criterio de legitimidad, puesto que la eficacia puede estar descontada si hay acuerdo y consenso de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Entonces queda el proceso de lograr su legitimidad, que debe sustentarse en el debate que con relación a las reformas se genere desde el Parlamento y los espacios que se ocupan de ello, como los medios de comunicación. Ni poco ni mucho, lo necesario para hacer el tránsito ante la sociedad de los aspectos fundamentales que explican y dan lugar a las reformas.

Con relación a los medios de comunicación como interlocutores relevantes del proceso de debate de la reformas, se demanda que se otorgue el espacio necesario para canalizar el contenido de esas reformas. Pero la evidencia nos muestra que los temas incidentales son los que convocan mayor espacio y atención de la prensa, lo que evita que se destilen las ideas de la reforma con la profundidad que se requiere.

Sobre este tema particular podemos citar una referencia del parlamento neerlandés, con ocasión de un análisis que se hizo de la relación de la política y los medios de prensa: “Así la interacción de la política y los medios de comunicación parecen un factor importante que explica el creciente incidentalismo de la política. Los medios viven de la noticia. En conversaciones con periodistas se ha observado que los incidentes llaman más la atención de los medios que los grandes debates que también se producen”.

También nos debe llamar la atención, con relación al proceso de reforma, la participación de los expertos, que sin duda deben participar, con la relevancia que realmente corresponde. Esto se encuentra muy bien explicado por Omar Awapara y Eduardo Dargent: “Primero, la discrecionalidad política del Poder Ejecutivo, que históricamente le ha permitido realizar reformas inconsultas, elaboradas en círculos cerrados”. La evidencia de esta premisa la encontramos en la propuesta de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. “Segundo, la difusión de políticas e ideas de reformas entre hacedores de política que deciden impulsar estos cambios por su prestigio en sectores especializados, o por supuestas experiencias exitosas en otros Estados”.

Desde Fuerza Popular, con la responsabilidad que nos impone ser la fuerza mayoritaria del Congreso de la República, se busca generar el debate que requieren las reformas en discusión para lograr que las propuestas que se aprueben cuenten con la legitimidad que exige el sistema democrático. Luego de ello, la capacidad de generar consensos será el arte de hacer realidad dichas reformas.
 

Úrsula Letona