No hay capacidad para la negociación política

Sin duda la dinámica de la política nacional en estos tres últimos años no ha sido propicia para generar reformas sustanciales para transformar nuestros país, de manera tal que nos permita llegar al 2021 (año del Bicentenario) encaminados hacia el desarrollo. Incluso la reforma política, que fue impulsada en parte por el Poder Ejecutivo, ha fallado. Y prueba de ello es el resultado de la Junta Nacional de Justicia.

Respecto de las propuestas de reforma política elaborada por especialistas, y que hizo suyas el Poder Ejecutivo para posteriormente discutirlas en el Congreso, carecieron de un debate profundo y de una adecuada socialización —para que la ciudadanía entienda lo que se procura—– en aras de gestar una institucionalidad sólida y, por ende, una legitimidad que justamente nos permita que la institucionalidad sea un pilar de nuestro desarrollo. Han sido muchos los yerros, entre los cuales considero aquella incapacidad de negociación política de la que hemos carecido los miembros del Poder Ejecutivo y del Legislativo. El primero, en un afán desmedido de imponer reformas amparadas en un lenguaje plebiscitario (“el pueblo lo demanda”); y el segundo, por ser incapaz de consensuar una posición institucional ante el avasallamiento de sus fueros. 

Como se ha señalado de forma reiterada, la existencia plural de fuerzas políticas en el Congreso ha ocasionado que confluyan ideologías e intereses de índole diverso, lo cual genera controversias que se evidencian en los debates de los procesos legislativos. Pero aun en este escenario, era indispensable gestar políticas públicas y reformas de gran alcance, en la medida que la gran mayoría de fuerzas políticas estaban alineadas en la centro derecha y solo una minoría (20 de 130 congresistas) pertenecían a la izquierda. Estas reformas importantes hubieran permitido mayor legitimidad de los partidos o movimientos políticos representados en el Congreso. Se dio sin duda con algunas leyes, como la de Reconstrucción con Cambios, pero no fue en la mayoría de oportunidades, sobre todo ante los embates de la izquierda hacia el modelo económico. El balance será que se privilegió la confrontación y no los consensos, en un escenario plagado de acusaciones de corrupción. 

La negociación debía constituirse en la herramienta fundamental del Ejecutivo, debido a su minoría parlamentaria, y además tenía que centrar su estrategia en lograr que sean superadas las diferencias respecto de sus propuestas por parte de los grupos parlamentarios para alcanzar la votación requerida. Resulta interesante una mirada a cómo se gestó la estrategia de negociación política en México en la administración de Peña Nieto —denominada Pacto por México— lográndose aprobar, entre muchas reformas, dos que resultaban tabú en este país del norte: la energía y la educación. Se revisó el capítulo de la Constitución relacionado con la energía y el petróleo, permitiendo que el sector privado incursione en este espacio de la economía, que solo podía llevarse a cabo por el Estado; de otro lado, se logró controlar a los sindicatos del sector educación, que avasallaban a su antojo la educación, para gestar una mejora en la calidad educativa. Solo una gran capacidad negociadora logró cambiar los capítulos sobre las materias indicadas en la Constitución Mexicana. 

En la negociación política es importante considerar los espacios en los que se desenvuelven los actores que deben ser convocados, los intereses que en materia política tienen, así como la agenda hacia sus votantes y su visión del país, especialmente los límites de lo que pueden otorgar el proceso de negociación. Es decir, “hasta dónde es posible el intercambio entre los involucrados para que obtengan resultados favorables” (Lorenzo Arrieta, respecto de la reforma o política pública en cuestión).

Este análisis que hacemos tiene relación con la conversación que pretende o busca llevar a cabo el primer ministro con las fuerzas del Congreso, pero solo circunscrito al tema del adelanto de las elecciones. Decimos pretende, y lo reiteramos, todo ello en el ámbito de un discurso plebiscitario, en el que se señala que este es el único punto de agenda para conversar o negociar con el Parlamento.

No entiende el Poder Ejecutivo que las reformas de largo aliento, como son las reformas políticas, deben estar en sintonía con las reformas que afectan el día a día de los peruanos. Hay necesidad de generación de puestos de trabajo (aspecto en el que existen intereses de las diversas fuerzas políticas en el Parlamento), de abordar la extensión del régimen agrario, generar el marco legal de la acuicultura y el sector forestal, de gestar las modificaciones para hacer eficientes las inversiones del Adelanto Social (para no tener que claudicar nuevamente como ocurrió en Tía María o Conga), así como las modificaciones necesarias para acelerar la ejecución de las obras vinculadas a la reconstrucción (prueba palpable de la ineficiencia del Ejecutivo), entre muchos otros temas de fondo. Entre ellos la necesaria reforma laboral, que este gobierno, por falta de valentía, ha obviado enfrentar, en su afán plebiscitario. 

Hagamos el esfuerzo de una agenda de negociación más amplia. Indistintamente de que se logre o no aprobar la reforma que permita el adelanto de las elecciones, el país tiene muchas más necesidades y merecería al menos una agenda al 2021. La actitud del Ejecutivo pareciera más la de aquel que se conoce incapaz para emprender cambios y busca salir corriendo, coger maletas y marcharse ya, careciendo de capacidades para conducir y ejecutar reformas que vayan más allá de su monotemático discurso sobre la reforma política.