Ministro Francke traduce a premier Bellido

Parecía olvidado en la política peruana el oficio de traducir del español al español; quedaba lejano el recuerdo del ex premier Carlos Ferrero, interpretando para la prensa lo que el ex mandatario Alejandro Toledo había declarado. Pero se acaba de estrenar una segunda temporada: el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, traduce al Premier Guido Bellido. El oficio consiste en cambiar el sentido de afirmaciones que generan ruido político. En este reestreno, se ha empezado con la posición gubernamental de la gestión del gas natural (GN) producido en nuestro país.

El domingo pasado el Primer Ministro había dicho que el estado participaría en el manejo empresarial del GN. Es decir, del energético que se produce en nuestra selva sur, entre las regiones de Cusco y Ucayali, en los lotes 88; conocido como Camisea, 56 y 57

Las alarmas se encendieron. Se pensó: van por los gestores de Camisea. Es decir, por las argentinas Pluspetrol y Tecpetrol, la americana Hunt Oil y la coreana SK; todos ellos consorciados para la operación de los lotes 88 y 56. Los más zahoríes anotaron que también van por los del lote 57; o sea, la española Repsol y la china CNPC. 

Al día siguiente, el ministro Francke traducía en la radio: “No entraremos a Camisea, sino que el Estado participará en la concesión del llamado Gasoducto Sur Peruano (GSP)"; hoy rebautizado como Sistema Integral de Transporte de Gas de la Zona Sur del Perú (SITGAS). 

En lugar de aclarar, la confusión se incrementó, porque no hay noticia que diga que han desistido de renegociar los contratos-ley, que es el caso de Camisea, ni de nacionalizar los recursos naturales, lo que afecta directamente a todos los contratos exploratorios y de licencia de explotación de petróleo y gas. 

Renegociar contratos-ley, según las declaraciones dadas por las altas jerarquías del gobierno, es entendido como una renuncia a la estabilidad tributaria. Hoy significaría disminuirle el impuesto a la renta de 30% a 29.5%. Por supuesto que esa no es la intención, dada la urgencia recaudatoria. Como aquí no hay precios extraordinarios del GN para un impuesto a las sobreganancias, se tendrían que ir por las regalías, que en el caso de Camisea (Lote 88) son de 37.24%. Difícil de aceptar.

La renuncia a la estabilidad que proponen, también significaría adecuarse a que el GN y los líquidos de GN extraídos pasen a propiedad del Estado, si se conseguir en el Congreso modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Una decisión de este tipo llevaría a que la operación de licuación de GN en Pampa Melchorita –a cargo de Perú LNG SR– destinado a la exportación, se detenga. Los acreedores, pues esta obra se hizo con un endeudamiento de US$ 2,400 millones, se irán contra el Estado peruano, porque son bancos estatales de crédito para la exportación –americano, italiano y coreano– que pusieron como frontis al Banco Mundial. 

Si a esto, que ya es sumamente complicado, le agregamos la pretensión de querer tener al estado como empresario socio del SITGAS –para lo que se necesitará aportes ya sea para capital, garantías financieras e ingreso garantizado para cubrir flujos de anualidades de inversión, más costos de operación y mantenimiento anuales– ya estamos en serios problemas. 

Se hereda: endeudamiento elevado y necesidades superiores a las habituales, por la epidemia de Covid-19. No solo para la atención en salud, sino también para líneas de financiamiento de empresas y bonos de apoyo a una población que ha perdido su empleo por el confinamiento. En esas condiciones no estamos para aventuras.

Es hora de que el gobierno pase del discurso de generalidades al de realidades.