Maduro está verde

Sobre el golpe de Estado en Venezuela

En los últimos días hemos sido testigos de cómo en Venezuela —seamos francos y digámoslo con todas sus letras— hubo un golpe de Estado, mediante el cual se disolvió el parlamento y se retiró la inmunidad a sus parlamentarios. Sin embargo, a pesar de que mucho se habla de la crisis política en este país, siguen habiendo muchas dudas al respecto. Por ende, considero que cualquier análisis político que se haga sobre el particular debe ser integral y tomar en cuenta una serie de variables, en lugar de solo los recientes acontecimientos.

¿Cuáles son los hechos? El 30 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunció sobre un Recurso de Interpretación Constitucional que había sido interpuesto por una filial de PDVSA acerca de la facultad de la Asamblea Nacional (su Congreso de la República) para crear empresas mixtas, teniendo en cuenta que esta se encontraba en desacato a la autoridad. Al respecto, el TSJ señaló lo siguiente*:

Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.

En otras palabras, el TSJ (de tendencia chavista) usurpó las funciones propias del Poder Legislativo, consolidando de esta manera un golpe de Estado. Ahora bien, es cierto que luego el TSJ dio un paso atrás y mediante una aclaración determinó que no ejercerá las funciones propias del Parlamento. No obstante, el daño a la institucionalidad venezolana ya está hecho; pero sobre todo las razones que motivaron dicho golpe quedaron más claras que nunca.

En concreto, no se cerró el parlamento en Venezuela como producto de un conflicto jurídico entre los poderes del Estado que Maduro “resolvió rápidamente”. Todo lo contrario, en mi opinión, está más claro que el agua que lo que pasó fue que el TSJ se adjudicó las funciones del parlamento por el deseo del gobierno de anular las facultades inherentes del parlamento —teniendo en cuenta que este tiene una mayoría opositora—, solo que debido a la presión internacional tuvo que dar marcha atrás.

Este punto de vista se sostiene porque el conflicto jurídico entre los poderes del Estado es uno inventado por el gobierno en su afán de no otorgarle una mayoría absoluta a la oposición en el parlamento; una mayoría que, de consolidarse, podría promover un referéndum revocatorio. En resumen, en las pasadas elecciones la oposición obtuvo tal mayoría en las urnas; pero bajo la acusación de fraude electoral se impugnó la elección de tres diputados opositores, lo cual impide que esta mayoría absoluta se concrete en la realidad. En respuesta, el parlamento juramentó a tales diputados, lo cual le dio la excusa perfecta al TSJ para declarar al Poder Legislativo en “desacato”.

Como conclusión, la crisis política en Venezuela ha llegado a niveles insostenibles, mucho más graves aún si se toma en cuenta la crisis económica que vive ese país en la actualidad. En este escenario, parece poco probable que Maduro pueda acabar su gobierno si no cambia radicalmente su plan de gobierno y su forma de hacer política. Él debe tenderle ramas de olivo a la oposición y consensuar con ellos; en caso contrario, Maduro la verá verde en los próximos años.

*Recuperado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39448001

Franco Germaná Inga

@FrancoGermana