Los trámites demás

Sobre la tramitología que agobia a los profesionales independientes

La semana pasada comentaba en mi columna de El Montonero cómo el lanzamiento del Plan Nacional de Productividad es un primer esfuerzo público por instalar en la agenda nacional la importancia de no crear (y eliminar) sobrecostos y regulaciones inadecuadas a las “actividades productivas”. Este momentum, sin embargo, también puede ser aprovechado para incluir en agenda la importancia de revisar los sobrecostos y las regulaciones que, más allá de las actividades productivas, se presentan en la relación diaria de los contribuyentes con el Estado o con las organizaciones privadas que ejercen funciones públicas por encargo estatal, como los colegios profesionales.

Hoy quiero contarles el caso de los sobrecostos que debió asumir un contribuyente que estudió psicología, para poder trabajar (gratuitamente) para el Estado. Nuestro contribuyente acudió al colegio de psicólogos porque trabajaba en una ONG que presta servicios sin costo a madres de un hospital estatal, y sin colegiatura simplemente no lo dejan ejercer su profesión (¿?), a pesar de haber obtenido un título a nombre de la Nación. Para darle este ansiado cartón, el colegio le pidió “nada más” que lo siguiente: Legalización de copia del título de bachiller y licenciado en la Universidad.

-Constancia de certificado de notas. -Trámite ante la Asamblea Nacional de Rectores. -Trámite ante el Ministerio de Salud. -Entrega de papeles y boleta de pago a la oficina del Consejo Regional del Colegio de Psicólogos. -Entrega de boleta de pago y recabar firma de la Oficina del Consejo de Lima. -Trámite en la Oficina del Consejo Regional para dejar papeles, incluido el recibo que sellaron en la anterior oficina. -Certificado de Antecedente Penales. -Legalización en Notaría de la copia del título de licenciatura con todos los sellos previamente recabados. -Curso de pre-colegiación

Todos estos trámites le costaron S/. 1,100, pero además debió invertir aproximadamente 20 horas de su tiempo para obtener el ansiado cartón. Si consideramos que este profesional cobra, en promedio S/. 100 por hora de consulta privada, el valor del tiempo perdido al menos asciende a otros S/. 2,000. ¿A cambio de qué debió este contribuyente gastar S/. 3,100? ¿Cuál es el valor agregado de que un colegio profesional entregue un diploma, cuando el título otorgado a nombre de la Nación por la Universidad demuestra los años de estudio y el examen de grado que lo hacen a uno apto para ejercer la profesión?

Los colegios profesionales no aportan valor alguno a las profesiones que representan. Nada de nada. Son una barrera irracional de acceso al mercado laboral. No digo que no puedan existir, pero debieran ser – como en Estados Unidos – organizaciones de afiliación voluntaria que funcionen como una especie de sello de calidad para sus miembros y, desde luego, que compitan entre sí por captar miembros y por ofrecerles una membresía que ayude a posicionarlos.

Historias como éstas abundan en nuestro país, son sobre-costos y regulaciones inadecuadas que restan bienestar a los contribuyentes y generan una tremenda pérdida de bienestar social. Todos perdemos, salvo quienes gozan de los privilegios – casi decimonónicos – de tener un monopolio estatal. La próxima semana volveremos con otro Trámite Demás.

Por Fernando Cáceres Freyre