¿Llegó el gran hermano?

El estado a punto de convertirse en monstruo devorador de libertades.

La policía quiere saber dónde se encuentra utilizando usted su celular. Indecopi quiere tener acceso a sus correos electrónicos. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Sunat quieren tener acceso a sus cuentas bancarias. Sabemos que la DINI ha estado “organizando información” de empresarios, políticos y periodistas. Conocemos que el gobierno ha intentado comprar tecnología israelí para poder espiar nuestras conversaciones telefónicas y usar nuestros celulares para seguimiento. El Gran Hermano, ese omnipresente personaje de Orwell, ya llegó. El Estado quiere saber dónde estás, en qué gastas, con quien te comunicas, con quien te reúnes, que propiedades tienes y cuales estas comprando.

¿El avance científico ha terminado por desaparecer nuestro derecho a la intimidad, a proteger información que sólo a nosotros nos interesa?

En realidad se trata de una diabólica combinación. Es la tecnología y la falta de cultura democrática de funcionarios que creen que pueden dictar normas que les permitan violentar nuestros derechos en nombre intereses superiores, en estos casos, los intereses del Estado.

Será cuestión de tiempo. Los burócratas creen que por cumplir su misión deben poder estar por encima de los derechos de los ciudadanos. Un claro ejemplo son los llamados juzgados coactivos.  Son instancias administrativas de una entidad estatal que decide sobre nuestra propiedad, dictando órdenes de embargo, que en teoría sólo podrían ser dictadas por un juez. La Constitución solo reconoce la jurisdicción ordinaria (poder judicial), la militar y la arbitral. ¿De dónde aparecen estos supuestos “juzgados coactivos”? Pues de una burocracia que impone sus necesidades a los derechos ciudadanos.

Es claro que de acuerdo a nuestro orden constitucional, cualquier decisión del Estado que restrinja derechos ciudadanos debería ser dispuesta por un juez. Sin embargo, la burocracia ha creado este monstruo con derechos por encima de a quienes supuestamente debe beneficiar.

¿Por qué un funcionario administrativo de Indecopi podría decidir capturar la correspondencia, tradicional o electrónica, de un ciudadano, sin que este pueda oponerse, que es lo que permite un procedimiento judicial? ¿Por qué la administración tributaria quiere ver las cuentas bancarias de una persona que es fiel cumplidora del pago de sus impuestos? En ambos casos se presume la culpabilidad, y se quiere evitar el trámite judicial, que es una protección al ciudadano de cualquier abuso estatal.

Hace solo pocas semanas se descubrió cómo el Estado recopilaba información pública de políticos, empresarios y periodistas, a través de los servicios de inteligencia. Nunca se explicó para qué ni porqué, por la eso fue censurada una Presidente del Consejo de Ministros. El Estado peruano no tiene los candados institucionales para proteger al ciudadano. ¿O ya nos olvidamos como se filtró la información bancaria de la señora Nadine Heredia en el quinquenio pasado?

Se trata de una mala concepción de las razones de ser del Estado. Los ciudadanos no estamos al servicio del Estado, al contrario, hemos creado el Estado para organizar nuestros servicios. Sin embargo, los burócratas quieren convertirlo en un monstruo que tenga derechos sobre nosotros. Y eso no lo debemos permitir.

 

Por Juan Carlos Valdivia