Literatura de autoayuda en tiempo de caos

Las diversas crisis políticas y económicas en nuestro país obligan a los sectores de izquierda y a la mayoría de instituciones progresistas (partidos, colectivos o sindicatos, académicos etc.) a hacer suyo el “reclamo popular de una nueva constitución. Cuando alegan que el “pueblo lo pide” y que es el “clamor nacional” nos están diciendo que no hay otra solución para calmar la tormenta, y afirman que una mayoría de peruanos (que solo está en sus cabecitas) comparte dicho objetivo. Ni todos (los 32,17 millones de ciudadanos) quieren una nueva constitución, ni la promulgación de otra garantizaría un clima de estabilidad política y de paz social para los peruanos. Lo repitieron con Toledo, Humala, García y ahora con Vizcarra. 

¿Cómo salimos de la crisis del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas? ¡Con una nueva constitución! ¿No podíamos imaginar una transición distinta? El Gobierno de Francisco Morales Bermúdez, en concordancia con los discursos de la época, las marchas y la avalancha de críticas al régimen militar y sus abusos y no sabiendo cómo tapar el fracaso de su gestión, contentó a las fuerzas políticas llamándolas a formar parte de la transición histórico-fundacional de una nueva carta magna. Ni el dictador Morales Bermúdez tuvo una explícita vocación democrática ni tampoco el origen de la carta tuvo un plural análisis y consenso de sus partes y fundamentos.

Un dictador impuso cláusulas para que se incluyan sus personales criterios revolucionarios y militarista. Aquí su declaración: "Si la Constituyente no reafirma las reformas estructurales, el Gobierno de facto, que es este Gobierno, anula pues la Asamblea y se acabó toda la historia. (...) Porque si no hay reforma, se anula el proceso y sigue pues el Gobierno Militar, conmigo o con otra persona. Esa es la verdad, esa es la verdad".

Pero, aún así la nueva Constitución entró en vigencia a partir del 28 de julio de 1980. Fue aplaudida por la mayoría de ciudadanos y bendecida por la mayoría de constituyentes que participaron en ella. Ahora eran parte de la historia. El APRA y el PPC fueron los que tuvieron mayor número de representantes. Por lo tanto, el líder histórico del aprismo, Víctor Raúl Haya de la Torre, fue su presidente. Y era lógico un manejo de estas dos fuerzas políticas de la asamblea frente a grupos minoritarios de izquierda. Estos último constituyentes (FOCEP, PSR, PCP, Frenatraca y UDP) calificaron a esa constitución de plutocrática y de no representar los intereses de los desposeídos y se negaron a firmarla.

Fueron duros con la nueva constitución que asumían que no los representaba (revisen los diarios y revistas de la época), pero luego de más de una década que Fujimori convocara a un Congreso Constituyente Democrático (CCD) bajo el mismo criterio histórico-fundacional, y promulgada la Constitución de 1993, la izquierda y sus líderes, como Javier Diez Canseco, pedían regresar a esa constitución (1979), que ellos mismos —más de una década atrás— habían calificado de espuria.

La Constitución de 1979 no evitó la crisis económica y política de Belaunde (1980-1985) y García Pérez (primer gobierno, 1985-1990). En aquel período teníamos una cámara de senadores y otra de diputados (una cámara dinámica y la otra reflexiva). El Estado creció en burocracia ineficiente y corrupta, Sendero Luminoso desplegó toda su política criminal y la informalidad fue creando un nuevo Perú al margen de la ley y la constitución. ¿La “mejor constitución” no servía para mucho o es que nuestras falencias estructurales históricas eran más nefastas que un cuerpo de leyes tutelares?

Gregorio Santos, Verónika Mendoza y Marco Arana reclaman, cuanto antes, una nueva constitución. A simple lógica desearían ser parte activa en los capítulos y artículos de la nueva carta. Pero esto supondría la convocatoria a una Asamblea Constituyente y ellos no necesariamente podrían salir elegidos para representar a sus partidos. Si la aspiración es un nuevo pacto social, este será reflejo de quienes resulten electos democráticamente. Y si en su mayoría resultan electos miembros del PPC, Fuerza Popular, APRA, Acción Popular o Alianza Para el Progreso, ¿no serían ellos quienes determinen el consolidado de su contenido bajo los criterios partidarios y posiciones ideológicas tal cual pasó con la Constitución de 1979? ¿Y si no le gusta a la izquierda esta nueva constitución la calificarán de mezquina?

Tomo la declaración de Verónika Mendoza del 2016, sobre lo que se debe ser una nueva constitución: "fruto del debate plural y democrático". La agenda de la izquierda sobre una nueva constitución se sostiene sobre la base del cambio del capítulo económico, recursos naturales y protección de los derechos. ¿La izquierda, cuando habla de diálogo, siempre cree que este debe darse solo con los trabajadores, sectores sociales o excluidos? ¿Y no se debe escuchar a los empresarios, académicos liberales o librepensadores para tener un criterio más acorde con la pluralidad del país donde vivimos?

Ahora, con la corrupción que nos agobia, el clamor ha vuelto a las gargantas, agregándole el plus de cerrar el Congreso y con nuevas elecciones. ¿Con una nueva constitución se cumplirá la reconstrucción del norte, habrá más trabajo, vendrán nuevas inversiones, mejoraremos nuestra educación, los hospitales tendrán más camas y atención más digna, el Poder Judicial será decente, la Fiscalía proba y, sobre todo, habrá mentes brillantes en el próximo Legislativo?

Cierro los ojos y quiero soñar con tan hermosa literatura.