Libre mercado, competencia y grandes empresarios

Reinicio mis publicaciones en este portal que nos acoge amablemente. Hice una pausa necesaria para poner en orden ciertos asuntos profesionales que, gracias a Dios, continúan bien encaminados, pese a las dificultades propias de proyectos que proponen y llevan a efecto cambios fundamentales. Sigo entonces en la brega defendiendo las ideas de la libertad. Agradezco a los amigos lectores quienes preguntaron por la ausencia de mis publicaciones semanales. Vuelvo con ellas entonces a partir de hoy. 

No es fácil llevar adelante cambios positivos en procesos y organizaciones que durante mucho tiempo han sido objeto de secuestro por parte de intereses subalternos. Aunque sucede tanto en el sector privado como en el estatal y la diversidad de mixturas o formas asociativas diferentes, hay una tendencia imparable a concentrar estos problemas en el sector estatal y toda otra forma asociativa en que se diluya la responsabilidad y la productividad.

No es extraño, pues, que estos problemas se observen con mayor frecuencia en organizaciones que no están obligadas a generar sus propios ingresos para solventar tanto permanencia como vigencia en el tiempo. Dependen de un tercero bastante “generoso”, como es el erario nacional, alimentado por impuestos que provienen del aporte forzoso de los ciudadanos (coactivo y coercitivo) bajo amenaza del ente impositivo.

El bienestar del conjunto de la sociedad y de sus ciudadanos tiene línea directa con el desempeño de sus organizaciones e instituciones. La riqueza se genera original y primariamente a partir de actividades e inversiones privadas. Su distribución social se hace realidad mediante el empleo productivo. Los servicios estatales –pocas veces bien administrados– definen un nivel mínimo de protección social. El ambiente de negocios, la suma inteligente de acción humana, marco jurídico y respeto a la Libertad, es el producto clave. Si ese ambiente es positivo, fomentará la inversión, propiciando la creación de riqueza y mayores cotas de bienestar de los ciudadanos.

La magia no existe. La economía tiene leyes que son inexorables aunque no luzcan tan evidentes como las leyes físicas o biológicas. A veces se muestra contraintuitiva cuando la malhadada tendencia social es que los problemas se resuelven “con una ley”. La inversión no se favorece con decretos alineados con el pensamiento mágico, sino creando un clima de negocios adecuado, fomentando la competitividad y desplegando intervenciones estatales que acompañen los procesos. 

Es cierto que la corrupción campea y en el sector privado dominan aquellos que se les llama “empresaurios”, los que gestionan el cierre de fronteras, a quienes no les gusta la competencia y en complicidad con políticos corruptos, logran tomar el Estado y ponerlo al servicio de sus pérfidos intereses. Cuando damos un poder excesivo al Estado, muy rápidamente se convierte en fuente inagotable de corrupción.

Hay un sector de grandes empresarios, en el Perú y en buena parte del mundo menos desarrollado –salvo honrosas excepciones–, que se interesan poco o nada en un mercado libre competitivo, y menos en la defensa de la Libertad. Ellos prefieren pactar corruptamente con los gobiernos de turno para mantener un mercado cautivo, eliminando con fraude, componendas y maniobras “legales” a la competencia. De ese modo, serán plácidos y despreocupados “cazadores de zoológico” en un mercado cerrado. Por eso no es raro encontrar en estos tiempos a tanto empresaUrio “enchufado” que se hace protagonista de la gran corrupción, aliados a gobiernos que entronizan el lobby corrupto y la repartija de recursos estatales a cambio de soporte político-mediático ¿Dónde están los “indignados”?

Recordemos que el Estado no tiene ni dinero ni poder propio. Ese Estado que no cumple con entregar una contraprestación mínima y eficaz, hace que los impuestos –que se obtienen gravando actividades privadas– se conviertan en cupos mafiosos con que esquilman a los ciudadanos. Ese poder que ostenta el Estado es de los ciudadanos, quienes lo delegan para administración del aparato estatal, no para usufructo ilegítimo de políticos corruptos e inmorales. Valga la redundancia.